Los dictadores de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo reaccionaron furibundos, con un comunicado cargado de epítetos ofensivos, ante el informe sobre derechos humanos que emitió el lunes, 22 de abril, el Gobierno de Estados Unidos, en el que reitera la denuncia de las sistemáticas violaciones a los derechos de los nicaragüenses, que van desde encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones sumarias, y persecución religiosa, perpetrados por el régimen de Managua.
La vicedictadora y vocera gubernamental, Rosario Murillo, en su alocución diaria, este martes, a través de los medios de la propaganda oficialista se soltó en insultos contra el gobierno estadounidense al que tildó de «genocida» y «salvajes violadores de todos los derechos humanos» y resaltó que los estadounidenses «no son nadie» para señalarles las mencionadas violaciones a los derechos del pueblo nicaragüense.
El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer su informe anual sobre los derechos humanos en la región, y dedicó un extenso reporte sobre lo que aconteció en Nicaragua en esa materia durante el año 2023.
El monitoreo estadounidense le señala a la dictadura Ortega-Murillo desde los arrestos arbitrarios, pasando por el cierre de miles de oenegés, hasta denuncias de ejecuciones sumarias, torturas, tratos crueles e inhumanos contra presos políticos, abusos contra los pueblos indígenas, la promoción de la apatridia, que es un crimen de lesa humanidad, corrupción gubernamental, hasta la persecución religiosa.
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Los señalamientos llenaron de ira a los dictadores al punto que Murillo dedicó un pronunciamiento para comunicar a la comunidad internacional que el informe sobre DD.HH. es «ofensivo y lesivo» y, según Murillo, «atropella y agrede nuestra soberanía».
La vocera del régimen tildó el documento de «infame», al tiempo que acusó al gobierno estadounidense de atribuirse un rol que nadie le ha concedido, como de «guardián de los derechos humanos en el mundo».
La vicedictadora de Nicaragua señaló que desconocen absolutamente esa atribución «que el Imperio norteamericano se autoconcede» y lo tachó de «colonialistas y neocolonialista».
«Nuestro pueblo y gobierno al rechazar contundentemente, porque no somos colonia norteamericana, esa tendenciosa, parcializada e interesada exposición imperial, en continuo e insostenible afán de superioridad, a través de su ficcional, atrevido y ofensivo destino manifiesto, recuerda a los Estados Unidos todos sus crímenes, cometidos en nombre de su glotonería imperial; crímenes y despropósitos, guerras y genocidios, que no pararemos de denunciar jamás», dijo furiosa Murillo.
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Para la vocera de la dictadura, a quien se le atribuye la nefasta frase de «vamos con todo» que significó la orden de disparar a matar contra los manifestantes desarmados durante las protestas de 2018, el informe emitido por el gobierno de Joe Biden, es «una lista de calumnias, difamaciones e infamias», y los llamó «provocadores, agresores, invasores y directores de coros y orquestas conformadas por su servidumbre local», refiriéndose a los organismos de derechos humanos y la oposición nicaragüenses.
«Los denunciamos (a EE.UU.) nuevamente como los más bárbaros y salvajes violadores de todos los derechos humanos», dijo Murillo alzando la voz. «Sus informes son de ustedes, sobre ustedes y para ustedes. No los reconocemos», insistió.
Murillo dice que vive en otro mundo
La segunda al mando de la dictadura de Nicaragua, como una forma de contrarrestar las denuncias hechas por el gobierno estadounidense, continuó cobrando lo que llamó «deuda histórica» resultado del juicio por daños derivados de la guerra patrocinada por EE.UU durante los años 80.
«Ante la Corte Internacional de Justicia, respondan por sus crímenes y cumplan con la sentencia histórica que les obliga a indemnizar a Nicaragua por una de sus tantas guerras genocidas», señaló.
La vocera sandinista, que ha sido señalada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como responsable de crímenes que podrían considerarse de lesa humanidad, le dijo a EE.UU. que no se dan cuenta de que «hay ya otro Mundo, y ahí vivimos los que desconocemos a los Estados Unidos como amos o dueños de la comunidad humana, de nuestras riquezas, culturas, lenguas y patrimonios».
El informe que llenó de ira a los dictadores
Ortega y Murillo reaccionaron con furia al reporte denominado «Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos 2023: Nicaragua». Llama la atención la virulencia con que los dictadores reaccionaron a este documento, contrario a lo que ocurrió con el informe emitido solo unos días antes por el G7, las siete potencias económicas más fuertes del mundo, que también hicieron los mismos señalamientos pero no reaccionaron.
El informe elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, del Departamento de Estado, analiza la situación de los derechos humanos en general en Nicaragua durante el 2023. Dividido en siete secciones detalla todas las violaciones perpetradas por el régimen Ortega-Murillo.
Entre los puntos destacados, llaman la atención sobre la peligrosa «represión transnacional» que estaría practicando la dictadura, al ejercer violencia contra opositores exiliados en otros países. Incluso el oportunismo de las fuerzas represivas del régimen al aprovecharse de las leyes internacionales y la Policía Internacional (Interpol) para perseguir a opositores.
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«Los exiliados en Costa Rica y otros lugares denunciaron acoso y opresión política por parte de simpatizantes parapoliciales y del FSLN que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por funcionarios de inteligencia dentro de la embajada de Nicaragua en Costa Rica», señala el documento.
Asimismo, el informe señala la ausencia de libertad de asociación, incluido el derecho a organizarse o afiliarse a partidos políticos. La prohibición a la libre reunión, manifestación y movilización pública.
Corrupción
El departamento de Estado hace énfasis en los altos niveles de corrupción que existen en el Estado a todos los niveles, desde los gobernantes hasta sus funcionarios y miembros del partido sandinista.
Denuncian la represión contra los defensores de los derechos humanos, el cierre de organizaciones defensoras, el despojo de la nacionalidad a defensores y opositores.
También señalan al régimen Ortega-Murillo por ejercer violencia contra poblaciones indígenas, por practicar la discriminación racial y de género, y desproteger a la niñez, sobre todo en lo referente a los embarazos precoces y matrimonios forzados .
«El trato excluyente basado en la raza, el color de la piel y el origen étnico era común, especialmente en las zonas urbanas de mayores ingresos. Las personas afrodescendientes de piel más oscura de la RACN y la RACS, junto con otras personas que se suponía eran de esas zonas, sufrieron discriminación, como ser sometidas a medidas de seguridad adicionales y registros ilegales por parte de la policía», denuncia el Departamento de Estado.
