La dictadura de Nicaragua arremetió contra el Gobierno de Ecuador tildándolo de «neofascista, neocolonialista», que obedece «dictados imperiales», en una continuación de sus airadas condenas por el conflicto diplomático entre los gobiernos mexicano y ecuatoriano, luego del asalto policial a la sede diplomática azteca en Quito, donde se refugiaba un prófugo de la justicia.
En su alocución diaria, a través de los medios de la propaganda oficialista, la vicedictadora de Nicaragua y vocera gubernamental, Rosario Murillo, leyó el mensaje de su régimen que fue presentado en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada de manera urgente por la presidenta protémpore del organismo, la mandataria hondureña Xiomara Castro, para abordar el conflicto entre México y Ecuador.
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Murillo dijo que su gobierno «reafirma su condena, denuncia, rechazo y repudio, al crimen cometido por el Gobierno de Ecuador, acto neofascista, neocolonialista, de dictado imperial, en contra de la soberanía y dignidad nacional del hermano pueblo y Gobierno de México».
El régimen sostiene, en el pronunciamiento leído por Murillo, que, al conocer estos hechos «condenables que no tienen precedente, ni pueden sentar precedente», rompieron toda relación diplomática con el Gobierno de Ecuador.
Según Murillo, su repudio tan acentuado se da porque «Ecuador violenta el derecho internacional y se ha convertido en un Gobierno transgresor, al irrespetar e incumplir las obligaciones sobre privilegios e inmunidades de los diplomáticos, establecidos en la Convención de Viena».
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos podría impulsar, en las próximas horas, la aprobación de la nueva «Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua» con la que el Gobierno estadounidense quedaría habilitado para aumentar la presión sobre la dictadura de Nicaragua y aplicar más sanciones contra los dictadores y sus cómplices en la represión y corrupción en el país.
El dirigente opositor, exprisionero político y presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Maradiaga, informó a través de sus redes sociales que los senadores que integran el Comité de relaciones exteriores analizan, con gran interés y atención, temas claves, entre ellos la «reautorización del Nica Act. y del Renacer Act.».
El politólogo explicó que la nueva regulación estadounidense, es liderada por los senadores Marco Rubio, republicano por el Estado de la Florida; y Tim Kaine, demócrata por el Estado de Maryland. El objetivo es «encapsular» las leyes conocidas como Renacer y Nica Act.
«La Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua, busca volver a autorizar y enmendar la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua de 2018 (Nica Act.) y la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Renacer Act.), como una poderosa herramienta de presión política contra la dictadura sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua», explica Maradiaga.
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denunció que el lunes,15 de abril, fue encontrado el cadáver calcinado del preso político Carlos Alberto García Juárez, en el vertedero municipal de Jinotepe, Carazo. A pesar de que la Policía Nacional, al servicio de la dictadura nicaragüense, afirma que su muerte «no es un asesinato, la organización independiente destaca que hay una serie de irregularidades en el caso.
En un vídeo difundido en redes sociales, un periodista de la oficialista Radio Ya afirmó, sin mencionar el nombre de la víctima, que el cadáver «ha aparecido en estado esquelético» y que «ya había sido llevado al Instituto de Medicina Legal», en Managua.
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«El reportaje del propagandista de Radio se cae por su propio peso. Los ciudadanos confirmaron que el cuerpo estaba un 90% quemado, pero no en ‘estado esquelético’, como afirma el periodista», detalla un informe difundido por el grupo. Además, el GREX recalcó que «ningún cadáver alcanza el grado de descomposición esquelético en dos días».
El GREX señaló que García Suárez fue visto en su ciudad natal dos días antes de que su cuerpo fuera encontrado incinerado. El jinotegano fue encarcelado en noviembre del 2018, después de que la Policía lo acusara de ser «cabecilla de los tranques» y fue liberado hasta el 20 de mayo del 2019.