El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con sus «desesperados» intentos por minimizar la importancia que tiene abril para la oposición nicaragüense, un mes en el que, hace seis años, más de 350 personas fueron asesinadas en protestas cívicas que exigían la renuncia inmediata de la pareja dictatorial.
Con 89 votos a favor y cero en contra, la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el gobierno sandinista, aprobó una iniciativa con «carácter de urgencia» para que abril fuera nombrado como «mes de la paz» y consagrado como «patrimonio del pueblo».
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En la sesión, celebrada este lunes, ocho de abril, el diputado orteguista Carlos Emilio López afirmó que la Constitución Política del país reconoce que «la paz, la independencia, la soberanía y la autodeterminación son derechos del pueblo, irrenunciables, inalienables, inviolables y sacrosantos del pueblo, que ningún imperio, poder fáctico, sea este ideológico, mediático, económico o de otra naturaleza, pueden violentar».
«En abril del 2018, los malos hijos de la patria, obedientes al imperio, quisieron destruir este modelo de paz, justicia social, desarrollo humano y centrado en las personas, las familias y la comunidad que se construye en Nicaragua. Quisieron destruir la libertad religiosa que existe en Nicaragua», dijo López, obviando que la pareja gobernante ha impuesto el terror y ha desatado una cacería feroz contra toda persona que se exprese en contra de sus designios.
El diputado orteguista tampoco menciona a los centenares de miles de nicaragüenses que han tenido que salir al exilio, forzados por la persecución del Estado, o que a los miles que han sido encarcelados, desterrados, desnacionalizados o impedidos de ingresar a su propio país, incluyendo a miembros de la Iglesia católica y evangélica.
En el marco del proyecto «Apoyando Espacios Mediáticos para Periodistas en Desplazamiento», la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó un conversatorio para abordar los desafíos y problemáticas de los periodistas que trabajan desde el exilio y, de igual manera, exigir que se «intensifiquen y amplíen los esfuerzos de asistencia a periodistas desplazados».
Los participantes analizaron «las dificultades que enfrentan en sus países de acogida, los desafíos para cumplir con su trabajo en medio de censura, restricciones, falta de acceso a fuentes y bloqueos que sufren en sus lugares de origen».
La nota de prensa, difundida por el organismos este lunes, ocho de abril, detalla que se realizó «un diagnóstico sobre las dificultades económicas que tienen los medios que operan desde el exilio, a la vez que insistieron en la necesidad de contar con mayor apoyo de las agencias de cooperación, fundaciones y empresas de tecnología para desarrollar un modelo de negocios sostenible».
Los corresponsales también propusieron estrategias para proteger a quienes ejercen el periodismo y garantizar la libertad de prensa». Además, reflexionaron sobre el papel de la comunidad internacional en esta temática, incluyendo la participación de organizaciones como la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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La política exterior de la dictadura de Nicaragua va de bandazo en bandazo, metiéndose de lleno en conflictos, demostrando «hipocresía y doble rasero», con el fin de llamar la atención y «curarse en salud» por ser ella misma invasora de sedes diplomáticas y dar protección a delincuentes, opinaron analistas consultados por Artículo 66, al analizar la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció, el pasado 6 de abril, que rompió «todo tipo de relación (diplomática y comercial)» con Ecuador en solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos, país que rompió relaciones con el mismo Estado ecuatoriano en reclamo por el asalto policial contra su embajada en Quito, con el que las autoridades ecuatorianos sacaron por la fuerza al expresidente y convicto por corrupción Jorge Glas.
Para el opositor nicaragüense en el exilio Héctor Mairena, el Gobierno de Ecuador cometió «un gravísimo error» al ordenar el allanamiento policial a la sede de la embajada mexicana en Quito, y «más que un error, es una transgresión a las normas y convenios internacionales», insiste Mairena.
El político y analista nicaragüense sostiene que «nada, absolutamente nada justifica que Ecuador haya hecho eso». Independientemente de las razones que argumenta el Gobierno de Daniel Noboa.