A las ocho de la mañana del Martes Santo de 2023, la Policía de Daniel Ortega irrumpió con un operativo de 20 agentes en la casa del líder estudiantil Jasson Noel Salazar Rugama. Durante el allanamiento ilegal de la vivienda, confiscaron sus pertenencias personales y, en una patrulla, el joven fue trasladado al Distrito III de Managua, como otro preso político más de la dictadura sandinista.
A un año de su arresto arbitrario, el Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), organización en la cual Salazar es vicepresidente, compartió en su cuenta oficial de X que desde que el opositor fue encarcelado «hemos contado cada uno de los 366 días de su injusta detención».
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Los miembros de la organización universitaria aseguraron que «Jasson nos recuerda por qué la democracia, la libertad, la justicia y los jóvenes son importantes. Si queremos un país fuerte, necesitamos eso». «¡Exigimos su liberación! ¡Él es inocente!», agregan.
De igual manera, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) demandó a la pareja dictatorial la liberación «inmediata» e «incondicional» de Salazar, quien permanece encarcelado en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como «La Modelo».
El presidente de AUN, Lesther Alemán, expresó en la misma red social que «la dictadura de Daniel Ortega considera que el pensamiento, la libertad y juventud de Jasson son delitos. Sin garantizar el debido proceso, hoy ocupa lugar en celdas de tortura».
Detenido por ser opositor
Antes de que la Policía orteguista lo capturara, Salazar, era un estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Politécnica (UPOLI), de Managua. Alemán afirmó que pudo «conocerlo y compartir espacios, acuerdos y desacuerdos, conscientes del valor determinante de los jóvenes en la política».
Además de ser el vicepresidente del MU19A, también fue un integrante activo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización que conformó la oposición tras la crisis sociopolítica del 2018.
Sin embargo, Salazar no pudo continuar en su lucha por la democracia de Nicaragua desde el cuatro de abril del 2023, día en que las autoridades policiales lo apresaron. Por más de 70 días, la Policía orteguista impidió que los familiares del dirigente estudiantil lo visitaran, conocieran su estado de salud y en qué condiciones se encontraba.
El 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Salazar, tras considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
A pesar de esto, en agosto de 2023, la justicia sandinista realizó un juicio donde declaró culpable a Salazar Rugama por los supuestos delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas», cargos que la dictadura nicaragüense utiliza para condenar a sus críticos.
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De manera extraoficial se conoció que el joven no tuvo acceso a su abogado. Únicamente, recibió una videollamada de la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, titular del Juzgado Décimo Tercero Penal de Juicios de Managua, para notificarle que se estaba realizando el juicio en su contra desde «La Modelo».
Salazar no es el único dirigente estudiantil al que el régimen privó de libertad. En agosto del año pasado, se ejecutó la detención de dos jóvenes egresadas de dos universidades confiscadas por el régimen: la universidad Juan Pablo II y la Universidad Centroamericana (UCA), ambas pertenecían a movimientos estudiantiles de oposición. Adela Espinoza y Gabriela Morales, quienes también permanecen encarceladas y condenadas por el orteguismo.