El vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), Jasson Salazar Rugama, acumuló 210 días como reo político del régimen de Ortega y Murillo.
A través de su cuenta de X, la excarcelada política Irlanda Jérez denunció el crimen cometido contra el líder político. «Jasson Salazar ha pasado 210 días desde que fue capturado por órdenes de la dictadura sandinista Ortega-Murillo. Jasson es un joven comprometido con el cambio político en Nicaragua. Exigimos su libertad ya».
El joven opositor fue secuestrado el cuatro de abril del presente año. Hasta el nueve de junio estuvo recluido en una de las celdas de la estación policial del Distrito III, en Managua, para luego ser traslado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
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Sin salir de la prisión, el pasado ocho de agosto, la justicia orteguista realizó un juicio declarando culpable a Salazar Rugama por los supuestos delitos de «menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas».
Según se conoció, el líder estudiantil no tuvo acceso a su abogado. Únicamente recibió una videollamada de la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, titular del Juzgado Décimo Tercero Penal de Juicios de Managua, para notificarle que se estaba realizando el juicio en su contra.
El 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Salazar, tras considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
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El joven opositor no es el único dirigente estudiantil al que el régimen privó de libertad. En agosto, se ejecutó la detención de dos jóvenes egresadas de dos universidades confiscadas por el régimen: la universidad Juan Pablo II y la Universidad Centroamericana (UCA), ambas pertenecían a movimientos estudiantiles de oposición. Adela Espinoza y Gabriela Montes. Sus capturas fueron denunciadas por el Movimiento Defensa Estudiantil de la UCA.
El pasado 11 de octrubre, la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que su régimen enviaría a «convivencia familiar» a 500 reos comunes que están detenidos en diversos centros penitenciarios del país, pero mantiene en prisión a más de 90 personas presas políticas, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de organismos locales e internacionales de derechos humanos.