La Semana Santa en Nicaragua estuvo marcada por el asedio policial de la dictadura y la prohibición explícita de todas las actividades religiosas propias de esta época del año. En el país centroamericano se restringieron unas 4 mil 800 procesiones típicas del tiempo de cuaresma, según un recuento de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo usó unos 4 mil agentes de la Policía Nacional para vigilar y asediar a laicos que asistieron a las actividades religiosas que se realizaron al interior de los templos, explicó a Artículo 66 la autora del informe «Nicaragua, una Iglesia perseguida».
Noticia relacionada: Semana Santa en Nicaragua, en silencio y bajo vigilancia policial
Molina afirma que durante la Semana Mayor fueron arrestados siete laicos «únicamente por pagar sus promesas que realizan habitualmente para esta época». Hasta la fecha se desconoce si continúan detenidos y bajo qué argumentos serían enjuiciados
«Las iglesias estaban llenas de fieles, más presencia que el año anterior. Lo que significa que la fe de los católicos sigue fortalecida ante las amenazas y vigilancia de policías y paramilitares», resaltó.
La abogada resaltó que, en sus homilías, los obispos y sacerdotes enviaron mensajes de paz y esperanza basados en el Evangelio
Este año, según la investigadora, fueron pocas las parroquias que realizaron los recorridos de las procesiones en las calles más cercanas de donde se ubican los templos religiosos.
Además, la dictadura ordenó a las alcaldías de cada municipio organizar eventos paralelos «religiosos» para hacer creer a los turistas que todo está normal en Nicaragua, dijo Molina.
A raíz de la crisis sociopolítica de 2018, el régimen emprendió una ofensiva despiadada contra la Iglesia, sacerdotes y toda persona que muestre su apoyo a la institución religiosa. Ortega y Murillo acusaron a los obispos de dirigir un «golpe de Estado» tras mediar un fallido diálogo nacional.
En seis años de crisis, la dictadura ha ordenado la profanación de templos religiosos, el arresto de sacerdotes, la persecución contra el clero, vigilancia y espionaje permanente a los curas. Además, el cierre de ONG, colegios y universidades ligadas a la Iglesia católica.
Desde 2018, la Iglesia ha sufrido más de 740 ataques por parte del aparato estatal. También ha desterrado a unos 40 religiosos entre obispos y sacerdotes, 176 religiosos y religiosas han sido expulsados, se les ha negado la entrada al país o fueron desterrados, obligados por la dictadura a no ejercer su misión en Nicaragua.