El grupo opositor conocido como Espacio de Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde, continúa sufriendo bajas de figuras representativas. Las opositoras Alexa Zamora y Grethel Campbell anunciaron su renuncia señalando falta de transparencia y exclusión en la toma de decisiones importantes en el pleno de la organización que pretende convertirse en el núcleo de la unidad opositora.
Con estas dos salidas de Monteverde, ya son cuatro los opositores que se apartan. Primero fue el exreo político Félix Maradiaga, quien en septiembre del 2023, renunció a la vocería colegiada de la organización motivado por unos audios en los que criticaba a la organización y a personas en específico. Aunque su renuncia no incluía la salida total de la agrupación opositora, su nombre nunca más ha sido mencionado en relación con ella.
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Luego fue el joven opositor Alex Hernández, quien en enero de este año también renunció públicamente a Monteverde aduciendo que en la iniciativa de unidad opositora existen «fantasmas de errores del pasado», en alusión a los mismos problemas denunciados por Zamora y Campbell: falta de transparencia y exclusión en la toma de decisiones.
En su carta de renuncia, fechada este 22 de marzo, Zamora aclara que su decisión de renunciar a Monteverde no ha sido apresurada ni fácil, «pero después de una reflexión cuidadosa y considerada, precedida por múltiples, pero infructuosos esfuerzos de encontrar una respuesta a mis inquietudes, he decidido abandonar el espacio» pero reiteró que su compromiso con la lucha por el derrocamiento de la dictadura Ortega-Murillo sigue firme.
Al argumentar los motivos de su renuncia Zamora es clara y directa: «He observado con creciente preocupación algunas prácticas dentro de nuestro espacio que me han llevado a reevaluar mi participación, específicamente, me refiero a la falta de transparencia y participación en los procesos de toma de decisiones, la ambigüedad en la definición de roles para los participantes y la falta de claridad en la ejecución de nuestros procesos, objetivos y estrategias».
Pese a que la propaganda de la dictadura Ortega-Murillo habla de incentivar las inversiones y buscan cómo atraer más empresas al país, este 21 de marzo, producto de «raras presiones gubernamentales», la manufacturera textil, de capital estadounidense, Kontoor Brands, que trabajaba bajo el régimen de zonas francas, canceló definitivamente sus operaciones en el país, dejando en el desempleo a por lo menos tres mil personas.
Kontoor Brands se dedica a fabricar piezas de vestir de alta calidad, de las marcas Wrangler y Lee, y llevaba aproximadamente 16 años trabajando en Nicaragua. Su cierre, según información divulgada a través de diversas fuentes, se debe a que hace algunos meses han estado enfrentando dificultades para la importación de su materia prima.
Dichas dificultades son ajenas a su voluntad, dijeron directivos de la empresa a sus trabajadores al momento de notificarles el cierre. Aduanas habría estado reteniendo la materia prima más tiempo de lo debido. Ante esas dificultades, la manufacturera traslada sus operaciones a México.
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Tras conocer de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la procuradora general de la República, Wendy Morales, opositores consideran que esa acción es «duro golpe» a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El activista opositor Enrique Martínez dijo a Artículo 66 que las sanciones de Morales están dirigidas a evidenciar su rol en las confiscaciones de propiedades y la represión del FSLN en perjuicio de más de 3500 organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación independientes y iglesia católica.
«Las sanciones impuestas a Wendy Morales deben ser vistas como una acción que refleja el compromiso de los Estados Unidos de América en la justicia simbólica, sobre los operadores políticos y colaboradores de la dictadura, enviando mensajes a otros actores responsables de actos represivos que pueden ser los próximos que enfrenten estas medidas», manifestó.
Para Ana Margarita Vijil, expresidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) y desterrada política, la acción del Gobierno de Joe Biden contra la procuradora general de Nicaragua es una muestra clara de que la comunidad internacional sabe quiénes son las personas que apañan y colaboran con la dictadura criminal Ortega Murillo y que hay consecuencias para eso.