La nueva legislación del estado de Texas, conocida como «Ley SB4», que permite a la Policía estatal arrestar a inmigrantes «sospechosos» de entrar ilegalmente a Estados Unidos, llevarlos ante un juez y deportarlos, o enjuiciarlos con posible penas de hasta 20 años de cárcel, es un verdadero peligro para los inmigrantes latinos, «es una ley injusta y racista» y ha generado temor entre inmigrantes y rechazo entre la población incluso norteamericana, señala Mürel Sáenz, defensora de inmigrantes nicaragüenses consultada por Artículo 66.
La SB4 ha generado un verdadero enfrentamiento entre el gobierno federal de EE.UU., presidido por el demócrata Joe Biden y el del estado sureño, encabezado por el republicano Greg Abbott, quien argumenta que su Estado está viviendo una «invasión» de migrantes por sus fronteras y con la nueva normativa busca controlarlos, ante lo que la administración Biden se opone porque las políticas inmigratorias «solo le competen al Gobierno federal».
Sáenz, abogada nicaragüense radicada en Texas, dijo a este medio de comunicación que la SB4, desde que se dio a conocer, generó preocupaciones entre los defensores de los inmigrantes por el aumento del perfil racista, así como por las posibles detenciones y deportaciones que ejecutarían las autoridades estatales en Texas, un estado donde los latinos representan el 40% de la población total.
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Sáenz, quien es activista defensora de inmigrantes en la organización Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), señaló que la nueva ley migratoria texana, cuya aplicación por el momento está bloqueada por el Poder Judicial, «está causando muchas contradicciones, preocupación y rechazo», un ejemplo de ello, según explicó, es el hecho que la justicia ha bloqueado y desbloqueado su aplicación en dos ocasiones y sin lograr una decisión definitiva.
«La realidad es que es una ley impulsada por el gobernador de Texas y un grupo de extremistas xenófobos con fines electorales, quieren ganar votos entre los norteamericanos para el Partido Republicano. Es una ley anti-inmigrante que viola los derechos humanos de las personas que están llegando a este país indocumentados», denunció la activista nicaragüense.
Sáenz recalcó que son decenas de miles de latinos los que han llegado en los últimos años, y la SB4, en caso de ser aplicada, y junto con el llamado «operativo Lone Star» que criminaliza el cruce de migrantes por terrenos privados, va a hacer un daño irreparable a esas personas.
«Bajo esa ley y ese operativo, cualquier persona que cruce las fronteras indocumentada y en su travesía entre en tierras privadas les dan cargos criminales, podrían ser deportadas inmediatamente o ser llevadas a juicio y así evitar que ese inmigrante logre ningún alivio migratorio nunca, porque tendría cargos criminales en este país, eso es muy grave», alentó la defensora.
Pero además, la Ley establece que basta «la sospecha» de que una persona es indocumentada para arrestarla. Lo que enfatiza el perfil racista de la norma.
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Los datos de 2022 de la Oficina del Censo de EE. UU. resalta que la tasa de latinoamericanos residentes en Texas alcanzó el 40,2%, con una población de más de 12 millones. Las condados de Harris, Bexar y Dallas sobresalen como las regiones del estado donde viven más latinos. San Antonio es la ciudad con el mayor porcentaje de latinos, alrededor del 64 por ciento.
Greg Abbott, el Gobernador de Texas, del Partido Republicano, y quien es acusado de xenófobo fue elegido para ese cargo en 2022 y precisamente con con el apoyo del votos latino.
Sheriff de varias ciudades dicen que Ley SB4 no es prioridad para ellos
La aplicación de la SB4 se ha tornado tan controversial que los sheriff de algunas ciudades texanas han expresado públicamente que arrestar indocumentados no es una prioridad para ellos, por tanto no aplicarían con tanta rigurosidad dicha Ley.
El sheriff Javier Salazar, del condado de Bexar, que incluye la ciudad de San Antonio, donde más de la mitad de la población es latina, en una entrevista con el canal de TV MSNBC indicó que ante la posible entrada en vigencia de la SB4 han reexaminando sus propias políticas y destacó que ya cuentan con procedimientos establecidos.
Salazar aseguró que en su condado «esta ley realmente no nos afecta, la población indocumentada existe aquí, pero aquí en el condado de Bexar, es mucho más probable que se conviertan en víctimas de un delito que en los perpetradores de un delito y por eso, para nosotros, ya sabes, no queremos correr el riesgo de que todas estas personas que tienen permiso sean víctimas».
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El Sheriff dejó claro que tiene más miedo «de las autoridades que de las personas (migrantes) a las que están convirtiendo en víctimas de un delito».
Insistió que sus oficiales tienen como prioridad la atención a los delitos que constituyen «crímenes graves violentos», y recalcó que, la mayoría de esos crímenes violentos «son perpetrados por ciudadanos estadounidenses, no por la comunidad indocumentada. Por eso estamos concentrando nuestros esfuerzos en los delitos violentos», afirmó.
También el sheriff del condado Maverick, Tom Schmerber, en declaraciones a CNN en español, mencionó que su departamento «no puede perder el tiempo arrestando a quienes están ilegales en Texas» y que su enfoque es la seguridad.
Mientras que el sheriff Brian Hawthorne, del condado Chambers, cerca de la línea estatal con Luisiana, señaló, en la misma nota de CNN, que ellos no quieren hacer el trabajo de la Patrulla Fronteriza pero que, si detienen alguna persona por algún crimen y se descubre que, además está ilegal en el país, se le presentarán los cargos.
