Ortega usa «métodos excepcionales de castigo» contra sus opositores, dice Cetcam

A partir de 2022 y en 2023 la dictadura de Nicaragua ha ejercido diversos «métodos excepcionales de castigo a quienes considera enemigos», entre ellos está el destierro de 222 personas presas políticas y la desnacionalización de 94 personas.

Además, la negativa de ingreso o salida del país a familiares de rehenes políticos, líderes sociales y religiosos, destaca el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) en la edición 175 de «Perspectivas», un suplemento de análisis político que recoge los principales acontecimientos de la región.

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«No les ha bastado con perseguir a decenas de miles de nicaragüenses para que se desplacen de manera forzada durante los últimos cinco años, sino que desde 2022 y particularmente desde febrero de 2023 comenzó a imponer el destierro y la desnacionalización a un grupo importante de personas», destaca Cetcam.

La organización advierte que, estas acciones de la dictadura nicaragüense traerán consecuencias a largo plazo como el despojo permanente de sus derechos ciudadanos; la inmovilización y confiscación de sus bienes, apatrídia y desprotección ante otros Estados; anulación de documentos de identidad y pasaportes; despojo de pensiones a personas que ya estaban retiradas y la cancelación de cuentas bancarias.

Esta modalidad de represión, según Cetcam, fue rechazada por numerosos países de la comunidad internacional. Además, que diversos expertos y organizaciones de derechos humanos internacionales han considerado que constituye una violación gravísima de derechos humanos que «no es empleada por otros gobiernos autocráticos en el mundo».

Entre el nueve y el 15 fe febrero de 2023 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojo de su nacionalidad nicaragüense a 317 personas, 222 de ellas permanecieron presas en las cárceles del país y fueron desterradas a Estados Unidos. Junto a la desnacionalización se ordenó la confiscación de todos sus bienes.