En otro atropello a la democracia y a la transparencia electoral, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicó para su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el 100% de los cargos en los Consejos Regionales de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua.
Por medio de una publicación en La Gaceta del miércoles, 13 de marzo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) certificó los «resultados definitivos» de las elecciones regionales, celebradas a inicios de este mes. Un total de 90 propietarios orteguistas estarán en las sillas de las concejalías caribeñas, la mitad de ellos en el Norte y la otra en el Sur.
Según la resolución los «proclamados electos» serán llamados a través de su representante legal para «la entrega de credencial, toma de promesa de ley y posesión del cargo, para el día cuatro de mayo del corriente año, en el lugar y hora que oportunamente se indicará, todo previo a la presentación de su Declaración Patrimonial»
Con ello, Ortega deja a los partidos políticos «colaboracionistas», como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (APRE) y Partido Liberal Independiente (PLI) sin ningún tipo de participación en el territorio costeño del país.
Ilegalidad en las elecciones
Las elecciones regionales del Caribe nicaragüense se realizaron bajo el control absoluto del FSLN el partido político del dictador Ortega. Urnas Abiertas (UA) documentó una serie de irregularidades previo y durante el proceso de votaciones.
La organización denunció coacción del voto, el uso de recursos públicos, violencia política y la poca asistencia de la población a las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Todas estas acciones involucraron a más de 15 instituciones, ministerios, entes descentralizados, gobiernos regionales y comunales, universidades públicas y poderes del Estado.
Según el informe de UA, en las últimas horas de la votación se reportó que, ante la baja afluencia de votantes, el FSLN intensificó la estrategia de coacción del voto, lo que incluyó amenazas y presión a trabajadores del Estado.
Las instituciones que se prestaron a cometer estos delitos electorales para beneficiar el FSLN y sus candidatos son: Policía Nacional, Ministerio de Salud (MINSA), Bomberos, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de la Familia (MIFAM), Empresa Portuaria Nicaragüense (EPN), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Poder Judicial, Gobiernos regionales, Universidades regionales, entre otras.
Los resultados «oficiales»
El Consejo Supremo Electoral, cuyos representantes funcionan como subordinados a Daniel Ortega, publica esta resolución final de electos, con lo que se da por descontado que ya contaron el 100% de las Juntas Receptoras de Votas de los comicios del pasado tres de marzo, celebradas en el Caribe Norte y Caribe Sur, sin embargo no han publicado ese recuento conclusivo del escrutinio.
No obstante, en el último reporte publicado, los magistrados habían dado por ganador al FSLN con el 89.86% de los votos válidos, mientras que el otro 10.14% lo repartieron entre los micropartidos colaboracionistas, a quienes, no obstante, no les dejó un solo cargo.
En total fueron 751 JRV habilitadas en 308 CV. Al corte del primer informe se habían recibido un total de 433 actas de igual número de JRV. En esas juntas recibieron 105 mil 195 votos válidos y 3 mil 281 nulos. El CSE situó la participación ciudadana en 48.30%.
Así designó el CSE la cantidad y porcentaje de votos para los partidos políticos que participaron de las votaciones regionales: PLC 7 mil 148 votos (7.01%); FSLN 91 mil 580 votos (89.86%); ALN 1 mil 805 votos (1.77%); APRE 654 votos (0.64%); PLI 727 votos (0.71%).
Aunque el oficialismo dijo que la participación superaba el 48%, la organización Urnas Abiertas estimó el abstencionismo en 86.72 %, es decir, que la participación abría alcanzado el 13.28%.