El programa de parole humanitario, que facilita la entrada a Estados Unidos a más de 30 mil migrantes provenientes de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, podrá seguir en funcionamiento, después de que juez desestimó la acusación presentada por estados republicanos contra el gobierno federal.
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El viernes, ocho de marzo, el juez de distrito de Estados Unidos, Drew B. Tipton, declaró que «Texas y otros 20 estados no demostraron que sufrieron daños financieros debido al programa de libertad condicional humanitaria». Los demandantes necesitaban probar que se vieron afectados para tener legitimidad legal y presentar la demanda.
El Tribunal estadounidense determinó que «los demandantes no han demostrado que Texas haya sufrido un daño y, por lo tanto, no están legitimados para mantener esta demanda. Este caso se desestima sin perjuicio. Además, el Juzgado negó «todas las reparaciones solicitadas y dictará sentencia definitiva mediante orden separada».
La eliminación del parole causaría el final de una herramienta que busca alentar a los migrantes a utilizar vías legales y seguras de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, para ingresar al país norteamericano.
De 2018 a 2023 al menos 750 mil nicaragüenses, más del 12 % de la población total, ha salido del país, según el análisis sobre el éxodo masivo de nicaragüenses realizado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo, de Diálogo Interamericano, en el que analiza este fenómeno acrecentado por la oleada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega ha obligado a casi un millón de nicaragüenses a huir del país para aprovecharse de las remesas, deshacerse de opositores políticos y de paso hacerle una guerra migratoria a Estados Unidos. Solo durante el recién finalizado año 2023, más del 2 % de la población total de Nicaragua, y el 4 % de la fuerza laboral, salió del país, dejando débil la capacidad productiva.
Sanciones para traficantes
Con el objetivo de regular la oleada masiva de migración ilegal, Estados Unidos amplió la restricción de visas a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que facilitan el tránsito de migrantes hacia el país norteamericano.
De acuerdo con las declaraciones de Emily Mendrala, subsecretaria adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante una conferencia virtual, el enfoque principal de las sanciones se dirige hacia los traficantes, quienes se aprovechan y abusan de los migrantes. «Viven a expensas de personas en búsqueda de seguridad. Nadie debe beneficiarse a costa de migrantes vulnerables», declaró.
La funcionaria estadounidense declaró que las sanciones de visas «traerán consecuencias a los actores que faciliten o motiven la migración irregular». Mendrala aseguró que «la administración de Joe Biden (presidente de los Estados Unidos) tiene el compromiso de trabajar en conjunto como una región para enfrentar esta problemática, utilizando las herramientas que tenemos».
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«Nosotros hemos expandido las vías legales para proteger a quienes lo necesitan, en la región y en todo el mundo. En América Latina, hemos aumentado las oportunidades para la gente que busca la reunificación familiar y que necesitan protección bajo el programa de admisión de refugiados», reiteró Mendrala.
«Para las personas que quieran venir a los Estados Unidos, si cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser sujetas a consecuencias. Les pedimos que no lo hagan y que, en su lugar, utilicen los canales y vías legales que hemos puesto para las personas, sin tener que recurrir al crimen organizado o a los ‘coyotes’», advirtió.