Un grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestó en las afueras del edificio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en San José. Los manifestantes, opositores al régimen de Daniel Ortega, entregaron una misiva dirigida al magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, para expresarle su preocupación por la extradición a Nicaragua de Gamaliel Pérez Centeno, un reconocido opositor al régimen de Managua.
En la carta alertan a esa dependencia judicial sobre el uso que pueda darse de los mecanismos jurisdiccionales costarricenses por parte de los gobernantes de Nicaragua; como es la figura de extradición que es utilizada para «encarcelar a ciudadanos nicaragüenses por razones meramente políticas».
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«Aquí en Costa Rica residimos miles de nicaragüenses, que hemos estado prisioneros, que sus familias fueron víctimas de asesinatos a mansalva de algún familiar, que hemos sido acosados durante meses en nuestras casas o en cualquier lugar donde nos movilizáramos solo por el hecho, insistimos, de ser opositores o por expresar alguna opinión diferente, en la calle, en algún lugar público o en las redes sociales», señala el documento.
Los exiliados mencionan que en Nicaragua existe un sistema judicial «subordinado que ha llegado a su parálisis y ha perdido cualquier vergüenza y es un instrumento para construir casos falsos».
Tres personas presas políticas de la dictadura de Nicaragua recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo continental considera que las víctimas se encuentran en una «situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
Mediante la Resolución 7/2023, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Eddy Antonio Castillo Muñoz, Nelly Griselda López García y Juan Carlos Baquedano. Tres personas presas políticas de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El organismo ha pedido a Nicaragua que «adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia».
Las elecciones regionales del Caribe nicaragüense se realizaron bajo el control absoluto del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido político del dictador Daniel Ortega. Urnas Abiertas (UA) documentó una serie de irregularidades previo y durante el proceso de votaciones.
La organización denunció coacción del voto, el uso de recursos públicos, violencia política y la poca asistencia de la población a las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Todas estas acciones involucraron a más de 15 instituciones, ministerios, entes descentralizados, gobiernos regionales y comunales, universidades públicas y poderes del Estado.
Según el informe de UA, en las últimas horas de la votación se reportó que, ante la baja afluencia de votantes, el FSLN intensificó la estrategia de coacción del voto, lo que incluyó amenazas y presión a trabajadores del Estado.
El primer informe preliminar de las votaciones del Caribe, presentado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), le da al FSLN el 89.86% de los votos válidos con el 57.66% de los JRV escrutadas. En total fueron 751 JRV habilitadas en 308 CV.
