Seis personas han sido víctimas de delincuentes a quienes Daniel Ortega les dio libertad bajo el concepto del «perdón presidencial», una práctica inventada por su régimen que ha sacado de las cárceles a más de 10 mil hombres y mujeres que no terminaron de rendir sus cuentas con la justicia nicaragüense.
Los delincuentes liberados purgaban condenas por distintos delitos en varios sistemas penitenciarios del país. La dictadura de Ortega les «ha cedido libertad sin que hubiesen logrado ni arrepentirse de sus crímenes, mucho menos que hayan logrado una rehabilitación plena para reintegrarse a la sociedad», dice una promotora de derechos humanos que, por encontrarse en el país, pide que sus comentarios sean reproducidos de manera anónima.
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«El perdón presidencial no existe en la legislación nicaragüense. Eso es un invento como ha sido la ‘sacadera’ de decenas de personas privadas de libertad que no están listas para volver a la sociedad y que, hemos visto, vuelven a delinquir», resalta por su lado una abogada, que también pertenece a una organización feminista.
La activista señala que las leyes del país establecen que el indulto es un privilegio que solo puede otorgar la Asamblea Nacional, mediante un proceso establecido en el numeral 3, del artículo 138, de la Constitución Política de Nicaragua. Aunque puede aprobarse tras una iniciativa del Poder Ejecutivo, debe ser sometida a votos como toda ley del país.
Régimen con responsabilidad en reincidencias
La otra forma de liberar a un encarcelado es por medio de la medida «Convivencia Familiar», otorgada por orden judicial, tras un proceso establecido por la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena en su artículo 60. Este privilegio «se otorga cuando priva la certeza de la cercanía a una libertad definitiva», dice el articulado.
Ninguna figura legal se ha aplicado en los miles de liberados por el régimen. Las mismas son publicadas en los medios de prensa oficialistas, sin dar detalles de los delitos cometidos o el estatus de sus condenas.
«El resultado ha sido desastroso y hay víctimas. El régimen que irresponsablemente liberó al victimario es un cómplice indirecto de lo que ha ocurrido», dice la abogada, que destaca los femicidios dentro de los actos de reincidencia.
Desde que Daniel Ortega comenzó a excarcelar a reos comunes, saltándose los procedimiento legales, hay mujeres que fueron asesinadas por hombres que salieron de la cárcel bajo la figura del «perdón presidencial», aseguran las organizaciones feministas del país.
«Estos agresores salieron sin haberles hecho algún estudio psicológico, ni establecerles un perfil que sostuviera que estaban rehabilitados. Muchos ni siquiera habían pasado al menos la mitad de la pena que les impusieron. El resultado: más crímenes», acusa la experta.
Las víctimas del perdón presidencial
La última víctima de los indultos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo es el joven Dereck José Gómez Tijerino, de 22 años, quien laboraba en el área administrativa de la Empresa Portuaria de Nicaragua (EPN).
Gómez Tijerino, quien había sido reportado como desaparecido desde el cuatro de enero, fue hallado sin vida tres días después, el pasado siete de enero, en un predio baldío cercano a Catedral de Managua.
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El cuerpo estaba a unas pocas cuadras de las oficinas centrales de la Policía. La víctima presentaba cuatro cuchilladas en distintas partes, entre ellos el cuello y tórax, señaló el Instituto de Medicina Legal (IML) en su dictamen.
El 11 de enero, cuatro días después del hallazgo, la Policía presentó a Kevin José González Matamoros, el responsable de la muerte del joven. González Matamoros cumplía casi dos años de haber sido liberado bajo la figura del «perdón presidencial». Se encontraba en prisión por cometer dos robos con intimidación, detalló la entidad policial.
Cruel asesino
El seis de octubre de 2023, la señora Cristina Cálix López se rindió ante la muerte en el hospital «Antonio Lenín Fonseca», producto de las lesiones de gravedad que sufrió a manos de su hijo Dimas Antonio Cálix Palma, quien la agredió con un hacha luego de sostener una acalorada discusión en la vivienda de los dos, en el municipio de San Lucas, en el departamento de Madriz.
Reportes noticiosos señalaron que Cálix Palma estaba en prisión por el delito de parricidio en grado de frustración, en perjuicio de la misma víctima. En el año 2017, lo acusaron de un robo con intimidación. Fue condenado a cuatro años de prisión, pero el 14 de febrero del año 2019, el régimen lo liberó cuando ni siquiera había cumplido ni la mitad de su condena, denunciaron sus familiares.
El agresor también tenía pendiente una acusación por el delito de lesiones graves, en perjuicio de su cuñado Pablo Emilio Mejía Palma. Sin embargo, el cargo le fue perdonado por el régimen orteguista.
Un «Caín» liberado
La mañana del 31 de diciembre de 2022, doña Ivette Blanco, de 40 años, fue asesinada de una cuchillada por su propio hermano Jesús Antonio Blanco, quien el 23 de diciembre de ese mismo año salió de la cárcel bajo el régimen de convivencia familiar brindado por los jueces del gobierno de Ortega.
Vecinos relataron que el hombre, de 44 años, conocido en el barrio Martha Quezada como «El Chino», llegó a la casa de su hermana y sostuvo con ella una discusión donde él le exigía que compartiera la residencia como herencia familiar. Como su hermana se negaba, él la atacó.
El agresor liberado volvió a la cárcel, ahora con una condena de 17 años, por el crimen contra su hermana. Familiares de la víctima dijeron que el asesino había jurado venganza, la que consumó al salir de la cárcel.
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Violento y desalmado, así le agradó al régimen
Raquel de los Ángeles Salinas Barahona, de 35 años, se convirtió en otra víctima del perdón presidencial. La noche del 31 de mayo de 2021, fue estrangulada por su esposo, Oscar Manuel García, de 42 años.
Personas allegadas a la víctima relataron que el femicida fue condenado en 2019 por violencia intrafamiliar, tras una denuncia impuesta por Salinas Barahona por maltrato físico y psicológico en su contra. El «perdón presidencial» que le fue otorgado el 13 de mayo del 2020 lo puso en libertad. El hombre presionó para volver a la casa de su cónyuge y las agresiones continuaron.
Al principio, una hermana de Barahona la defendió de los ataques del delincuente. Pero, en horas de la madrugada, el asesino regresó a la vivienda y cuando su mujer dormía, la asfixió con una sábana. El 18 de abril de 2023, García fue condenado a cadena perpetua.
«Mía o de nadie», gritó el asesino
El «régimen de convivencia familiar» otorgado por la dictadura de los Ortega-Murilo fue la desgracia para una familia en el barrio Tierra Prometida, en el municipio de Tipitapa, Managua. La noche del 18 de diciembre de 2020, William Antonio Avendaño Jarquín, de 25 años, asesinó con cuatro disparos a su expareja Dina Vanessa Balmaceda Silva, de 29 años.
La mujer dejó a tres niños en la orfandad. Avendaño tenía «múltiples antecedentes por robo con intimidación», señaló la Policía mediante un comunicado, pero no explicó cómo logró la libertad. El delincuente fue detenido días después del crimen.
«En ninguno de los casos se ha tomado en cuenta exámenes psicológicos que evidencien si realmente estas personas pueden regresar a casa. Es inconcebible que el gobierno libere a reos que pagan condenas por agresión contra las personas. Estos son los resultados cuando un sistema judicial es deficiente», critica la defensora de los derechos de las mujeres.
Nunca dejó de ser violento, pero…
La madrugada del domingo 13 de marzo de 2022, Óscar Antonio Rocha, asesinó a balazos a Moisés Antonio Aráuz. Testigos relataron que el asesino, quien había salido en un indulto presidencial tras haber sido condenado por cometer robos con intimidación, se acercó a su víctima cuando se encontraba platicando con unos amigos.
El crimen ocurrió en una calle del Barrio Suizo, en el municipio de La Dalia, en el departamento de Matagalpa. En un intento por salvarle la vida, Arauz fue trasladado por sus amigos a un hospital de la localidad, pero falleció en el camino.
Horas más tarde, la Policía logró capturar al atacante, a quien le encontraron un revólver y varias porciones de droga. Rocha fue enjuiciado y condenado a varios años de prisión. Está por verse si, otra vez, Daniel Ortega «lo perdona».
Por Voces Unidas.