Diferentes líderes de organizaciones cívicas y opositoras a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmaron una misiva para pedir a las autoridades del gobierno de Costa Rica que detenga las extradiciones de opositores requeridos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
En la carta, dirigida al magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, los dirigentes políticos expresaron su preocupación por Reinaldo Picado Miranda, un exmiembro de la resistencia nicaragüense, y quien está en la misma situación que Gamaliel Pérez Centeno, quien fue deportado a Managua la semana pasada. El opositor fue electo Concejal del municipio de Kukra Hill, ubicado en el Caribe Sur de Nicaragua.
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«Ambos líderes campesinos fueron apresados en territorio costarricense el 18 de octubre del 2022, bajo oficio 2224-2022 girado por el Director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, sin que mediara una orden judicial y ante la simple solicitud por medio de una nota de la Policía de Nicaragua», denuncia el documento, difundido este martes, 27 de febrero.
La nota detalla que, luego de la detención policial de ambos nicaragüenses, «continuó un proceso de extradición, mismo que no reconoció su calidad de refugiados por razones políticas». Los líderes nicaragüenses agregaron que «los dos dirigentes de oposición, al igual que centenares de miles de nicaragüenses, se involucraron en las protestas en rechazo al régimen de Ortega, en abril del 2018, y son víctimas de una escalada de persecución de parte de la dictadura de los Ortega-Murillo contra los opositores».
Los activistas políticos indicaron que, en un contexto de generalizada y sistémica violación de los derechos humanos por motivos políticos, que continúa hasta la fecha, «tanto Pérez Centeno como Picado Miranda, quien llegó herido de bala por la represión de la violenta ‘Operación Limpieza’; se vieron obligados a exiliarse y refugiarse en Costa Rica». Sin embargo, en 2019, el Estado tico les negó el refugio y, posteriormente, en 2023, fue rechazado el asilo territorial.
El caso Putoy
De igual manera, la misiva enfatiza en la situación del profesor de Matemáticas y exreo político Gabriel Leónidas Putoy Cano, originario de Monimbó, Masaya. El nicaragüense estuvo capturado arbitrariamente durante 331 días en las cárceles del régimen. Actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica, en calidad de refugiado.
«El 20 de noviembre del año pasado, el régimen sandinista, por conducto de la jueza María Auxiliadora Chavarría Fernández, del Juzgado Primero Local de Masaya, giró nueva orden de captura en contra del profesor Putoy», expusieron los líderes cívicos.
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Al conocer este acontecimiento, y considerando la extradición de Douglas Pérez, Putoy se dirigió a las oficinas de la International Criminal Police Organization (INTERPOL) en San José, quienes le confirmaron la existencia de «una orden internacional para su captura».
«Pese a que, por su condición migratoria de refugiado, se le indicó en INTERPOL de la no procedencia de la extradición, con tal solicitud de parte del régimen sandinista se le ha ocasionado una relativa muerte civil», resalta el documento. Los opositores nicaragüenses agregaron que «estos casos señalados se constituyen en una alerta para el resto de la comunidad nicaragüense en búsqueda de refugio en Costa Rica».
Un país para refugiarse
Los activistas políticos reconocieron que, en la «tortuosa» historia de dictaduras nicaragüenses, «Costa Rica siempre ha brindado una mano protectora a los miles de ciudadanos desplazados que hemos huido de la represión de esas dictaduras». Consideraron que el país vecino es ejemplo de «democracia y respeto a los derechos humanos e inspiración para el resto de Centroamérica, en especial para los nicaragüenses que hemos encontrado en su nación un país seguro, amistoso y respetuoso del Estado de Derecho y de la Ley Internacional».
«A diferencia de esa larga y generosa tradición costarricense, que en el Artículo 31 de su Constitución Política establece que la extradición no procede en caso de delitos políticos o conexos con ellos, hoy apreciamos una variable importante, por medio de la cual el Estado de Costa Rica deja a un lado esos valores humanos y, sin medir las consecuencias que para la vida misma implica, inicia un peligroso proceso de potenciales extradiciones de opositores nicaragüenses», señala la misiva.
Los opositores nicaragüenses imploraron al magistrado Gutiérrez que detuviera «las solicitudes de extradiciones enviadas por el servicio diplomático del régimen de José Daniel Ortega Saavedra y/o de sus obedientes instituciones policiales y militares, tanto de las que se encuentran en curso, como de cualquiera que en el futuro se presente».
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La nota detalla que Ortega ha convertido «al sistema judicial en un órgano de represión a su favor, con la eliminación de la independencia propia de los diferentes Poderes de Estado y, que no se sujeta los principios de legalidad y congruencia, manipulando el derecho penal y sin garantía alguna del debido proceso».
Los líderes políticos sostuvieron que «las condiciones inhumanas de reclusión y los múltiples casos de tortura a los que han sido sometidos miles de presos políticos en Nicaragua, conforme lo han corroborado los organismos internacionales de derechos humanos, deben llevar a la reflexión a las autoridades costarricenses para impedir que la extradición se convierta en una herramienta más para la represión y la persecución».
Entre los representantes de las organizaciones cívicas que firmaron la misiva se encuentran Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, Alfredo Gutiérrez, de los Liberales de Nicaragua, Ana Margarita Abaunza, de Iniciativa por el Cambio, Irlanda Jerez, de Unidos Invencibles, Enrique Martínez, del movimiento político AVANZA, y Luis Fley, de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).