Después de estar casi 10 meses encarcelada en un centro de detención de Estados Unidos, un juez migratorio decidió cerrar el caso de deportación de la periodista nicaragüense Joselin Montes. El abogado y director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), Pablo Cuevas, declaró que su equipo y los familiares de la nicaragüense «están a la espera de su liberación».
El jurista explicó a Artículo 66 que «la fiscalía decidió desistir del proceso de deportación que estaba en contra de Montes». Según el defensor de derechos humanos, el órgano gubernamental abandonó el caso debido a que «fueron presentadas suficientes pruebas para demostrar que la periodista era una perseguida política del régimen de Nicaragua». De igual manera, la Fiscalía le comunicó al juez migratorio que «si el fallo era a favor de Montes, no pedirían una apelación»
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Por lo tanto, dada la «falta de motivos para negar su estancia en Estados Unidos», el juez migratorio dictó la cancelación de la orden de deportación en contra de Montes. A su vez, al ya no tener cuentas con la justicia, la nicaragüense está habilitada para aplicar a un permiso de trabajo, su número de seguridad social e incluso a una licencia de conducir.
De acuerdo con Cuevas, en la noche del 20 de febrero de 2024, tanto el equipo de DNDH como los familiares de Montes salieron de Miami con destino a Georgia, ya que la periodista había sido trasladada a un centro penitenciario de ese Estado el pasado 13 de febrero. El jurista declaró que será liberada este miércoles y que «en este momento, estamos esperando a que nos la entreguen».
A la espera de una resolución
El cuatro de enero de 2023, Joselin Montes se entregó a las autoridades migratorias del Estado de Texas después de cruzar de manera ilegal el Río Bravo en busca de ser admitida como una asilada política.
La chinandegana, de 33 años, trabajó en distintos medios de comunicación de su departamento local, así como en canales televisivos nacionales como Canal 9 y 10. Durante las protestas cívicas ocurridas en 2018, la periodista fue parte de un grupo médico que auxilió a las personas heridas producto de los ataques del régimen.

Debido a su participación en las manifestaciones, la opositora sufrió de persecución a través de toda Nicaragua por parte del régimen sandinista. Por lo tanto, para resguardar su seguridad, se vio obligada a abandonar Nicaragua.
Al entregarse a las autoridades norteamericanas, fue llevada a una oficina, donde le tomaron sus datos y sus huellas. En ese lugar, un oficial de migración la entrevistó y le preguntó si tenía miedo de regresar a Nicaragua, a lo que ella respondió: «Sí». Durante su extenso interrogatorio, Montes, le explicó al agente que ella trabajaba como periodista y que huía de las amenazas de la dictadura, a quien criticaba.
Posteriormente, fue informada de que, aunque le habían permitido la entrada a los Estados Unidos debido al clima político en Nicaragua, no era elegible para solicitar asilo, ni para tomar ninguna otra medida para permanecer en suelo norteamericano por lo que sería deportada. Sin embargo, fue hasta abril de 2023 que fue detenida en un centro de Miami, en donde esperó a la resolución de su caso, con la esperanza de no ser expulsada a Nicaragua.