El profesor y preso político Freddy Quezada está detenido en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa. Desde hace 83 días su familia no tiene ninguna información sobre su estado de salud, no han permitido una visita familiar ni el ingreso de la medicina que necesita para controlar la diabetes que padece, denunció su hija Adriana Quezada a Artículo 66.
El catedrático fue sometido a un juicio sumario el 24 de enero pasado, pero no fue llevado a los Juzgados de Managua, sino que se realizó de forma virtual. El régimen le impidió contar con un abogado de su elección, en consecuencia le asignó un defensor público. La justicia orteguista lo acusó de «incitación al odio» por sus publicaciones en redes sociales, según dijo el abogado designado a la familia.
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Adriana Quezada explicó que la familia ha obtenido asesoría por parte de abogados privados, pero no se ha podido cambiar de defensa porque no hay número de expediente ni caso formal como tal.
«Él (Freddy Quezada) padece de diabetes y debe seguir una dieta para mantenerse controlado. No han permitido ni el ingreso de medicina ni de sus cosas de uso personal. No se permitió la entrada de la familia al “juicio”, no hay número de caso ni expediente. Ningún documento legal ha sido proveído por el Estado», manifestó.
Esta misma situación, la de no asignar un número de expediente a los casos de los presos políticos recientes, fue denunciada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe de enero 2024.
«Lamentablemente, continuamos en general en la misma situación con mi papá, sin saber de su condición y estado ya que no se ha autorizado ninguna visita familiar. Ya se le realizó un juicio via zoom el día 24 de enero pero sin tener ningún contacto ni comunicación con él por parte de la familia», afirmó Quezada.
La Policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó la detención del opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno. El integrante del Movimiento Campesino estaba refugiado en Costa Rica, sin embargo, el Gobierno de ese país acordó extraditarlo a Nicaragua.
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A raíz de la «entrega» de Pérez Centeno, distintos opositores y movimientos cívicos expresaron su preocupación sobre la seguridad de los nicaragüenses que están protegidos en otros países. Además, remarcaron que «la extradición del opositor viola distintas normas internacionales de derechos humanos», ya que lo regresan a un lugar donde «pueden ser torturados».
El abogado Yader Morazán explicó en sus redes sociales que «de acuerdo a distintos informes y resoluciones internacionales de derechos humanos, los opositores y exiliados nicaragüenses cuentan con razones fundamentadas para argumentar que, al regresar a su país, podrían ser víctimas de torturas y crímenes de lesa humanidad».
Por otro lado, la defensora de derechos humanos e investigadora de temas religiosos, Martha Patricia Molina, criticó en su cuenta de X que «cualquiera de nosotros podemos ser entregados a la dictadura criminal de Ortega y Murillo, solo hace falta que el régimen nos pida». «La comunidad internacional y su doble cara», agregó.
La migración ilegal de nicaragüenses, que buscan llegar a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades de vida y de empleo, dejó tres nuevas víctimas mortales. De acuerdo con la información difundida por la organización Texas Nicaraguan Community, a través de sus redes sociales, los compatriotas fallecieron por ahogamiento mientras intentaban cruzar el Río Bravo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos.
El Grupo Beta Piedras Negras, Coahuila, del Instituto Nacional de Migración (INM), reportó que dos cuerpos fueron encontrados el pasado viernes, 16 de febrero, y el tercero fue hallado el domingo, 18 de febrero.
En el primer hallazgo, las autoridades encontraron un cadáver que portaba dos cédulas de identidad nicaragüense, correspondientes a Luis Adalberto López Peña, de 42 años, y Bayron Adalberto López Fajardo, de 21 años. TNC informó que ambas víctimas son originarias de la comarca Las Flores, en el municipio de Murra, Nueva Segovia.
«El cuerpo está bien descompuesto, pero creen que es el señor Luis Adalberto, ya que las características son de un hombre de 35 a 40 años», señaló Justine Ochoa, miembro de TNC, al diario La Prensa. Los oficiales continúan la búsqueda del segundo cadáver, aunque se presume que los dos fallecidos eran padre e hijo.
El opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda está a la espera de su deportación desde una cárcel de Costa Rica, ya que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo «pidió» al Gobierno de ese país por presuntos cargos de «asesinato y asalto». De acuerdo con su abogado Daguer Hernández, «el nicaragüense solicitó en múltiples ocasiones asilo territorial, aunque siempre fue negado por la administración del presidente Chaves».
A finales de agosto de 2023, un Tribunal de Apelaciones de Costa Rica aprobó la extradición de dos nicaragüenses que estaban en territorio tico. Según la argumentación del Gobierno orteguista, Picado Miranda y Douglas Gamaliel Pérez Centeno (ya extraditado) estuvieron involucrados «en el asesinato de una agente policial y un civil, por lo tanto, debían de ser enjuiciados».
Debido al fallo del tribunal, el pasado 19 de febrero de 2024, la dictadura sandinista «recibió» a Pérez Centeno, quien fue expuesto en los distintos medios oficialistas. Sin embargo, fue notorio que Picado no fue «entregado» a Nicaragua junto al otro opositor.
