En los últimos meses se ha documentado la desaparición forzada de al menos tres hombres: un profesor universitario, un diputado y un poeta. Todos tienen algo en común: fueron detenidos por policías o paramilitares al servicio la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, un país en crisis sociopolítica desde 2018.
Según la Organización de Naciones Unidad (ONU), se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
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El poeta Carlos Bojorge, el profesor Freddy Quezada y el diputado indígena Brooklyn Rivera son tres casos de desaparición forzada en el contexto sociopolítico de Nicaragua. Los familiares de las víctimas no tienen ningún tipo de contacto con ellos, no conocen a ciencia cierta en qué sitio están recluidos o si continuan con vida.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), demandó en su cuenta de X que los tres presos políticos sean presentados, que se conozca su estado de salud y paradero. «Exigimos su libertad incondicional, el respeto a su integridad física y que los muestren ya», escribió la organización en la red social.
Sobre este tema, Amnistía Internacional (AI) señala que el Estado usa a menudo como una «estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto».
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más explicó a Artículo 66 que la desaparición forzada en el país centroamericano es una práctica sistemática de tortura y malos tratos hacia las personas que son detenidas arbitrariamente.
Añade que las desapariciones forzadas en contexto de estas detenciones arbitrarias representan una grave violación a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares que desconocen su paradero.
«Se observa cómo en el caso de Nicaragua, la Policía orteguista comete esta grave violación a los derechos y libertades fundamentales de la población nicaragüense. En el caso de Carlos Bojorge, Freddy Quezada y Brooklyn Rivera, entre otras personas presas políticas, se desconoce su paradero y condiciones en las que se encuentran», advirtió la organización.
Represión a opositores
Amnistía Internacional refiere que las desapariciones forzadas se practican con «asiduidad en los conflictos internos», especialmente a manos de gobiernos que intentan reprimir a opositores políticos.
Describe que las personas desaparecidas también corren grave peligro de sufrir tortura, puesto que quedan completamente fuera del amparo de la ley. «La falta de acceso de las víctimas a recursos judiciales las deja en una situación aterradora de completa indefensión», destaca.
«Las víctimas de desaparición forzada también corren un mayor peligro de sufrir otras violaciones de derechos humanos, como violencia sexual o incluso asesinato», añade.
Según el organismo internacional, la desaparición forzada incurre en la violación de los siguientes derechos humanos: derecho a la seguridad y la dignidad personales; derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a unas condiciones de detención humanas; derecho a la personalidad jurídica; derecho a un juicio justo; derecho a la vida familiar y derecho a la vida (si matan a la persona desaparecida o se ignora su suerte).
