El Ministerio del Interior (MINT) «transformó» el hogar de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo en una dirección para trámites migratorios. La orden religiosa sirvió por siete años en el departamento de León; sin embargo, fue obligada a abandonar Nicaragua por orientaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina denunció en su cuenta de X que «la dictadura convirtió el edificio de las monjas en una institución del Estado». «Ni siquiera cambiaron el color de las paredes y mantienen los muebles de las monjitas», destacó.
Molina recordó que, desde la confiscación del inmueble, «múltiples agentes policiales permanecían en el interior del edificio», pero fue recientemente que la dictadura se apropió completamente del lugar. De acuerdo con el rótulo ubicado en la entrada, actualmente la propiedad se ha vuelto una «Dirección de Migración y Extranjería habilitada para servicios de trámites migratorios».
Noticia relacionada: Denuncian que policías de Ortega se «llevaron con rumbo desconocido» a monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo
Además, la abogada advirtió que el régimen orteguista «ya tiene planeadas las próximas confiscaciones de edificios religiosos en el país».
Siete años de servicio al pueblo nicaragüense
La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo llegó a Nicaragua en 2016. La orden originaria de Brasil tenía la misión de brindar alimentos, ropa y acompañamiento espiritual a las personas que vivían en las calles de León. La fraternidad estaba presente en 14 países de la región, sin embargo, se vio obligada a abandonar Nicaragua.
En la medianoche del dos de julio de 2023, múltiples agentes policiales «entraron como delincuentes» a la propiedad de la organización religiosa. Posteriormente, el tres de julio, la fraternidad compartió que las hermanas que sirvieron en Nicaragua tenían una «nueva misión» en El Salvador, por lo que tuvieron que abandonar el país.
El Ministerio de Gobernación (actualmente Ministerio del Interior) no les había renovado su permiso de estadía a las religiosas. Tan solo un día después de su llegada a tierras salvadoreñas, el Estado nicaragüense oficializó la cancelación de la personalidad jurídica de la fundación en Nicaragua. Además de ello, ordenó la confiscación de los bienes de la organización, los cuales pasaron a nombre del Estado, incluyendo el ocupado actualmente como «Dirección de Migración».
Noticia relacionada: Gobernación cancela y ordena confiscar la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, dos días después del asalto
En su intento por sepultar todas las formas de manifestación religiosa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó a cancelar la personalidad jurídica de 342 organismos de índole religiosa entre 2019 hasta noviembre de 2023, según datos del informe «Ataques a la Libertad Religiosa con énfasis en la Comunidad Católica de Nicaragua», del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El organismo especificó que, de este total, 256 son organizaciones evangélicas, 43 son católicas y 43 de otras creencias. El régimen se quedó con los bienes después de las ilegalizaciones.
