La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este miércoles que las inhabilitaciones políticas en Venezuela “son propias de regímenes autoritarios” y contribuyen a un “ambiente de persecución” que desalienta el voto.
En un comunicado, este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que levantó temporalmente las inhabilitaciones de varios líderes de la oposición pero mantuvo la de Henrique Capriles y la de María. Corina Machado.
Esta última arrasó en las elecciones primarias de la principal alianza opositora, con más de 2,4 millones de votos.
Las inhabilitaciones en contra de opositores “son propios de regímenes autoritarios”, sostiene la CIDH, que llama al gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro medidas a “adoptar dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política”.
Estas decisiones “acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalentan la participación ciudadana en asuntos de interés público”, se queja la organización.
En los últimos días 36 personas, entre civiles y militares, fueron detenidas en Venezuela, incluidos tres colaboradores de Machado, a quienes las autoridades vinculan con cinco “conspiraciones” para asesinar a Maduro.
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La Comisión denuncia un patrón que incluye “detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios”.
El sistema judicial venezolano “no ofrece garantías de independencia e imparcialidad” y “ha jugado un papel significativo en la represión de opositores”, denuncia la CIDH.
Se basa en que ha apartado de los comicios a “reconocidos dirigentes de la oposición”, con lo que “anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas”.
Como consecuencia, el organismo llama a adoptar “con urgencia” medidas “para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes” con el fin de “reconstruir la democracia”.
Los presidenciales deben celebrarse en una fecha por determinar durante el segundo semestre del año, según un acuerdo alcanzado en octubre pasado por representantes de la oposición y de Maduro.
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El gobierno venezolano desoye las recomendaciones de la OEA, organización de la que solicitó formalmente salirse en 2017.
Venezuela estuvo representada en la OEA por un enviado del opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino por varios países hasta enero de 2023, cuando la propia oposición puso fin al gobierno provisional.
