Los diputados de la Asamblea Nacional, órgano gubernamental controlado en su totalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sellaron la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, la cual, a través de la «ley» de la tiranía, autoriza «la desnacionalización por traición a la patria».
En febrero de 2023, el régimen orteguista aplicó, por primera vez, la desnacionalización a múltiples críticos de su dictadura. A pesar que el gobierno de Ortega-Murillo tiene un largo historial de atropellos contra los derechos humanos, distintos opositores recalcaron que no hay que normalizar estas violaciones.
El exrepresentante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields Yescas, declaró que «la dictadura de Nicaragua vuelve a manosear la Constitución Política, en este caso, para arrebatarle su nacionalidad a cualquier persona considerada ‘traidora’».
Mcfields, a través de su cuenta de X, recalcó que «ninguna ley te puede arrebatar tu nacionalidad cuando esta es de nacimiento y por vínculo sanguíneo». «Lus soli y ius sanguinis (el derecho de la tierra y el derecho de la sangre)», agregó.
Por su parte, el cronista deportivo, excarcelado político y desterrado nicaragüense , Miguel Mendoza, destacó la aparición del «impresentable y corrupto presidente de la ‘chanchera’ del régimen, Gustavo Porras», presidente del Poder Legislativo y quien presidió la sesión en la que se aprobó la reforma al artículo 21.
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Por otro lado, el abogado Yader Morazán cuestionó en su cuenta de X que «si hasta hoy entró en vigencia la reforma constitucional que permite la ‘pérdida de la nacionalidad’, ¿cómo fue que desde el 15 de febrero del 2023 ya la habíamos perdido?». Morazán fue parte de los 94 nicaragüenses que apareció en la lista desnacionalizados en esa fecha.
A su vez, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) denunció que «¡A nadie se le puede quitar su nacionalidad de origen, ni siquiera a los nacionalizados!». «La apatridia es un crimen de lesa humanidad, los miembros del régimen rendirán cuentas ante la justicia transicional», concluyó.
Por su parte, el exlíder universitario y expreso político, Levis Artola Rugama, comentó con ironía que «a la mitad de los nicaragüenses nos van a quitar la ciudadanía». Sin embargo, el opositor declaró que «no vamos a parar de denunciarlos en las calles, en foros, con los compañeros de trabajo y hasta con la última persona en la faz de la tierra. La ciudadanía es inherente, entiendan».
Mientras, la periodista Joshy Castillo mencionó que «los futuros legisladores en una Nicaragua democrática tendrán montones de trabajo». Consideró que «al primero que hay que encarcelar es a este paramilitar asqueroso», y «después, se tendrán que deshacer todas las arbitrariedades y las violaciones a la Constitución que hicieron». «Estas ratas ya son parte de un pasado», afirmó.
La legalización de sus violaciones
En la sesión especial en conmemoración por el 157 aniversario del natalicio de Rubén Darío, el poder legislativo aprobó, en segunda legislatura y de manera unánime, una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, con la cual «legalizan» el despojo de la nacionalidad a quienes «traicionen la patria».
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Sin embargo, desde febrero de 2023, en un acto arbitrario, la dictadura de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 317 nicaragüenses. En una primera tanda, quitó la nacionalidad a 222 excarcelados políticos; luego, a 94 figuras de la oposición y directores de medios de comunicación independientes. Por último, en una clara represalia por no aceptar el destierro, le arrebató ese derecho al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien todavía se encontraba en las cárceles del régimen.
En su mayoría, los opositores desnacionalizados han aceptado el ofrecimiento de España de acogerlos como sus ciudadanos; sin embargo, «el destierro, la desnacionalización y todos los crímenes del régimen no deben de ser naturalizados», advierten los críticos a la dictadura.