El comisionado general Luis Barrantes, un policía con más de 30 años en las filas de esa institución y considerado un experto en la aplicación de métodos represivos contra la población civil, fue nombrado esta semana como nuevo director general del Sistema Penitenciario Nacional, según confirmó una fuente cercana a esa entidad consultada por Artículo 66.
De acuerdo con información filtrada a través de redes sociales y en grupos de WhatsApp de fanáticos orteguistas, el dictador Daniel Ortega decidió que la Policía asuma el control total de todas las cárceles del país temiendo que los presos comunes puedan amotinarse, influenciados por reos políticos, en reclamo de mejores condiciones en los penales y cansados de maltratos de los que son víctimas por parte de la guardia penitenciaria.
La fuente cercana a la Policía, contactada por este medio de comunicación, confirma que, efectivamente, Barrantes estará asumiendo la jefatura de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN), desplazando a los veteranos funcionarios de esa dependencia, que han sido entrenados por años.
Noticia relacionada: Daniel Ortega manda a aprobar ley que subordina al Ministerio de Gobernación a la Policía
La fuente señaló que, la única manera de explicar el hecho que Ortega mande a un alto oficial de la Policía, experto en vigilancia, en aplicación de métodos represivos; es porque hay temor de revueltas en las cárceles».
«Siempre ha existido el temor de que los presos políticos influyan en los (presos) comunes para armar revueltas, amotinamientos. Recordá que, generalmente, los (presos) políticos son gente estudiada, son más fuertes en sus posiciones reclamando derechos, saben hablar y hay mucha gente afuera apoyándolos, y pues, eso podría influir en los (reos) comunes. La mejor manera de frenar eso es poniendo a un policía leal al Gobierno y que sea mano dura», explicó la fuente que habló con Artículo 66 bajo la condición de no dar indicios de su identidad.
Barrantes está siendo reactivado por Ortega para colocarlo al frente del SPN, luego de haberlo destituido en abril de 2023 de su cargo de jefe departamental en Matagalpa, puesto en el que solo duró aproximadamente tres meses, para después ponerlo «en la sombra», como suelen decir los policías cuando un jefe policial es destituido, no lo retiran oficialmente pero es dejado sin cargo, es decir, en el olvido. Tras 10 meses en «la sombra», Barrantes es reactivado.
Experto en represión y fiel a Ortega
El pasado 22 de diciembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, subordinada a Ortega, aprobó la «ley que establece la jerarquía de grados en las direcciones generales del Ministerio de Gobernación» mediante la cual supedita a Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobernación) a las órdenes y control de la Policía orteguista y además convirtió los grados de los bomberos, guardias penitenciarios, funcionarios de Migración y administrativos en grados policiales.
Para 2018, cuando estallaron las protestas sociales que fueron aplastadas a sangre y fuego por el régimen Ortega-Murillo, Barrantes se destacó como uno de los jefes policiales más represivos contra las manifestaciones. Su lealtad a la dictadura y su ferocidad represiva fueron reconocidas por el caudillo sandinista que en pleno 2018, cuando lo nombraron en diciembre de ese año como jefe del departamento de Masaya, ciudad considerada un bastión de la causa azul y blanco. El oficial es conocido por ser sumiso y adulador a su «jefe supremo».
Noticia relacionada: Régimen de Ortega confirma movimientos de altos mandos policiales:
De Masaya fue enviado a Matagalpa en enero de 2023 para ponerse al frente de la persecución contra la Iglesia, ejecutada por la dictadura, luego del secuestro de monseñor Rolando Álvarez, encarcelado en agosto de 2022 y recientemente desterrado a Roma.
En 2020, Barrantes fue acusado por el periodista Miguel Mora por atentar contra la vida de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, al salir de una reunión política en la ciudad de Masaya.
Ahora, el comisionado general reactivad, será el verdugo de los presos políticos y comunes encarcelados en los centros penitenciarios.