Autoridades de EEUU encuentran «fallos críticos» en actuar de Policía en masacre escolar de Texas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó este jueves en un informe «fallos críticos» de la policía de Texas, que tardó en intervenir ante un tiroteo en un colegio en 2022, en el que murieron 19 niños y dos profesores.
Los investigadores «identificaron varios fallos críticos», señala el informe, y el «más significativo fue que los oficiales que respondieron deberían haber reconocido inmediatamente que se trataba de un caso de tirador activo».
La respuesta a la matanza del 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria Robb «fue un fracaso», concluye el documento de más de 550 páginas.
«Las dolorosas lecciones detalladas en este informe no pretenden exacerbar una situación ya trágica», precisa.
La policía de Uvalde ha estado bajo la lupa desde que se supo que los agentes esperaron más de una hora en el exterior de las aulas donde se produjo el tiroteo y no hicieron nada mientras los niños yacían muertos o agonizando en el interior.
Los 19 agentes presentes en el lugar esperaban el asalto de una unidad especializada a pesar de que las autoridades recibieron numerosas llamadas de personas que se encontraban en el interior de las aulas, incluida una de un niño que suplicaba: «Por favor, envían a la policía ahora».
El informe denuncia una «cascada de fallos de mando, de toma de decisiones, de táctica, de política y de entrenamiento que contribuiron a estos fracasos y fallos».
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«El tirador fue muerto aproximadamente 77 minutos después de la llegada de los primeros policías», subrayan los autores del informe, elaborado a partir de 260 entrevistas y nueve visitas, según el documento.
Los tiroteos escolares se han convertido en algo habitual en un país donde alrededor de un tercio de los adultos posee un arma de fuego y las regulaciones para la compra incluso de rifles potentes son laxas.
Las encuestas muestran que una mayoría de votantes está a favor de controles más estrictos sobre el uso y la compra de armas, pero los grupos de presión son muy influyentes y la justicia invoca el derecho constitucional a portarlas.
En junio de 2022 los defensores de la reforma obtuvieron una victoria limitada con la aprobación de una legislación que exige verificaciones más estrictas de los antecedentes de los compradores jóvenes.
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