El Ministerio Público de Guatemala declaró que las elecciones celebradas en agosto del 2023 «no son válidas». En una rueda de prensa hecha el siete de diciembre de este año, la fiscal Leonor Morales dijo que «existió una irregularidad administrativa, las actas electorales utilizadas no son las que fueron aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral».
Organismos internacionales como la OEA condenaron este «intento de golpe de Estado» que intentó invalidar la elección del candidato Bernardo Arévalo de León. Distintos opositores al régimen de Daniel Ortega expresaron su preocupación y mencionaron que estos acontecimientos son «similares a la dictadura en Nicaragua».
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La exguerrillera e historiadora, Dora María Téllez, comentó en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) que «la dictadura de Ortega y Murillo se mantiene mediante el fraude, la reelección ilegal y el terror. Los que quieren liquidar la democracia en Centroamérica se ven reflejados en el orteguismo. Ellos creen que, si Ortega se mantiene en el poder, ellos también pueden hacerlo».
A su vez, la historiadora agregó que «un ministerio público que declara nulas unas elecciones legítimas parece algo del manual de Daniel Ortega. Hacer cualquier cosa, mientras se mantienen en el poder bruto, sin que les importe nada, ni el voto del pueblo guatemalteco, ni la opinión internacional».
Por otro lado, el activista y exreo político, Juan Sebastián Chamorro, declaró que «el retroceso democrático en Guatemala tiene muchas similitudes con el caso de Nicaragua». Sin embargo, Chamorro consideró que «los guatemaltecos todavía están a tiempo de detener esta deriva antidemocrática. El voto popular no puede estar por debajo de ninguna Fiscalía».
El periodista desnacionalizado, Camilo de Castro Belli, dijo que en Guatemala se repite la historia de Nicaragua y que «hay una determinación de no solo impedir que Bernardo Arévalo de León asuma la Presidencia, sino de mandarlo al exilio para desmovilizar a la sociedad civil». El periodista concluyó que «el modelo de Ortega es un peligro para el resto de Centroamérica».
Ya no es tiempo en que la OEA solo ponga comunicados
El ocho de diciembre del 2023, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó «el intento de golpe de Estado por el Ministerio Público de Guatemala». La organización argumentó que «las acciones y declaraciones de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen un ataque a la Constitución de Guatemala, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos».
La OEA consideró que el intento de invalidar las elecciones es una amenaza contra la democracia y que «es la consolidación de un fraude político contra el pueblo». El organismo mencionó que «nos unimos a la comunidad internacional para instar al presidente Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender las instituciones y el orden constitucional del país y que se tomen acciones contra los perpetradores de este atentado».
Sin embargo, el periodista y diplomático exiliado, Arturo McFields Yescas, mencionó que «la fiscal Consuelo Porras sigue sin respetar los resultados electorales en Guatemala. La comunidad internacional debe tener una respuesta más contundente para evitar otro golpe a la democracia en Centroamérica, suficiente con la dictadura criminal de Ortega en Nicaragua». María Consuelo Porras es la fiscal general de Guatemala y es acusada de ser una de las principales dirigentes de este golpe de Estado contra el presidente electo Bernardo Arévalo.
McFields declaró que «los tiempos de comunicados y tuits ya pasaron. La OEA debe suspender inmediatamente a Guatemala de este organismo ante un golpe de Estado brutal y descarado. No repitan la historia de Ortega en Nicaragua».
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Por último, la Alianza Progresista de las Américas (APLA) también condenó la decisión del Ministerio Público de Guatemala de anular las elecciones. El organismo expresó su preocupación por «las sistemáticas acciones de intimidación y persecución a opositores políticos al actual Gobierno».
APLA recordó lo mencionado por la OEA en un comunicado y declaró que «desde nuestra organización exhortamos a los organismos internacionales y los gobiernos democráticos de todo el mundo a poner fin el hostigamiento de las actuales autoridades y de reconocer de manera urgente el resultado electoral y proclamación de la fórmula que resultó vencedora».
La persecución del Estado contra el presidente elegido por los guatemaltecos
El 20 de agosto del 2023 se anunció la victoria de Bernardo Arévalo de León en las elecciones generales de Guatemala. Desde su participación como candidato, Arévalo fue polémico debido a sus discursos que atacaban a «la corrupción del gobierno y la falta de democracia». Desde su victoria, la candidata que quedó en segundo lugar, Sandra Torres, no reconoció su derrota y acusó de un «fraude» en las votaciones.
Meses antes de asumir su presidencia, los miembros del Estado guatemalteco persiguieron de distintas maneras al presidente electo. Primeramente, el 29 de agosto, la Justicia Electoral de Guatemala suspendió al partido Semilla, del cual Arévalo fue su candidato para la presidencia. Sin embargo, esta decisión fue revertida el tres de septiembre.
Posteriormente, la Fiscalía de Guatemala allanó la sede del Tribunal Electoral de Guatemala el 29 de septiembre. Fuentes oficiales dijeron que fue para «requerir información del proceso electivo». En noviembre de este año, distintos miembros fiscales intentaron despojar de su inmunidad al presidente electo bajo el argumento de daños realizados durante la ocupación de una universidad en 2022.
