La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva ocho meses sin dar actualizaciones sobre el estado del obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
El líder religioso, que aparece en las encuestas como el personaje con mayor aceptación y simpatía del país, cumplió el pasado nueve de noviembre nueve meses desde que fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa.
Y desde su encierro bajo aislamiento solo el 25 de marzo de 2023 se le ha visto. Medios oficialistas publicaron fotografías y un vídeo del encuentro que tuvo el obispo con dos de sus hermanos, pero desde ese día no se ha sabido nada más sobre él.
En agosto de 2022, el obispo había sido condenado a permanecer en prisión domiciliaria después que fue sacado por policías el 19 de ese mes en horas de la madrugada desde la Curia de Matagalpa junto a un grupo de sacerdotes, seminaristas y laicos, quienes desde el cuatro de agosto estaban secuestrados.
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El régimen orteguista condenó a monseñor Álvarez el pasado 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión por los delitos de «traición a la patria», un día después de negarse a ser desterrado junto a 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos, entre esos, los religiosos que lo acompañaron en la Curia.
ONU exige la liberación de Álvarez
Las relatoras especiales sobre la libertad de credo, Nazila Ghanea, y sobre la libertad de expresión, Irene Khan, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron mediante un comunicado «su gran preocupación por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia católica y otras religiones por parte de las autoridades nicaragüenses».
Las expertas señalaron que el gobierno de Nicaragua «debe liberar inmediata e incondicionalmente a monseñor (Rolando) Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país».
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Las funcionarias de la ONU ya habían enviado otra misiva oficial dirigida al régimen orteguista, donde aseguraban sus inquietudes respecto a las restricciones en la libertad de religión y el cierre y hostigamiento a las organizaciones religiosas en el país. Ghanea y Khan señalaron que entre las medidas gubernamentales de represión adoptadas se incluyen el arresto arbitrario de miembros de la Iglesia católica y otras religiones y la criminalización de sus actividades pastorales, la prohibición de realizar ceremonias religiosas, el asedio policial a sus domicilios o lugares de culto, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones pertenecientes a estos grupos religiosos, al igual que la confiscación de sus bienes.
El pasado 18 de octubre doce sacerdotes católicos, que habían sido arrestados como parte de la represión del régimen contra la institución religiosa, fueron desterrados luego de un supuesto acuerdo con el Vaticano, lo que llevó a su traslado a Roma. Sin embargo, en esta lista de nombres no se incluyó a monseñor Álvarez, lo que mantiene preocupada a la ciudadanía nicaragüense, ya que se desconoce a qué tipo de condiciones está sometido y si ha sufrido algún problema de salud.
