Más de 300 camiones de carga y sus conductores, que se desplazan por toda Centroamérica, están «secuestrados» en el kilómetro 361 de la zona oriente de Chiriquí, en Panamá. Los camioneros han tenido que sobrevivir la difícil situación, que incluye la falta de un espacio para bañarse y hacer sus necesidades. Sin contar que cada día tienen que comprar comida en ese retén, y deben de dormir en hamacas o en las covachas de los vehículos, sin lavar sus ropas.
Comparten sus recipientes de comida, juegan a las cartas para pasar el tiempo y conversan entre ellos. Mientras que cuatro kilómetros más adelante, protestantes panameños tienen levantadas barricadas para impedir el avance del tráfico, en demandas para que el gobierno de Laurentino Cortizo derogue unas concesiones mineras que, según reclaman, afecta directamente a sus comunidades y al medioambiente.
Luis Antonio Kelso es un panameño, vecino del lugar, que se ha solidarizado con los transportistas de carga. Desde su perfil de Facebook, Kelso ha documentado día a día lo que sucede. Enormes filas de furgones, las llantas y piedras que bloquean el paso y las condiciones que padecen los transportistas en esa carretera, han sido mostrados en fotografías y videos que Kelso ha podido realizar hasta con un pequeño dron.
Kelso informa que los manifestantes solo han abierto dos veces el paso a los vehículos, lo que causa que no se puedan movilizar los productos y materia prima que trasladan los furgones. «Lo que están haciendo es ‘ahorcar’ a una parte del país, además también mantienen detenidos a los camiones, que ni siquiera son nacionales en otros siete puntos».
La zona es «territorio sin ley ni gobierno», dice el transportista hondureño Enrique Oporta, quien se encuentra retenido junto a su vehículo de trabajo en el punto conocido como San Felipe. Oporta contactó a Artículo 66 para tratar de que su situación sea escuchada por el gobierno de Panamá y por el resto de países de Centroamerica, por que, según contó, en el bloqueo «estamos conductores de furgones de todos los países» de la región. «En realidad, panameños son poquísimos, casi todos somos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala», insistió Oporta con tono de notable desesperación.
«Aquí estamos secuestrados. No viene nadie. No resuelven nada. No escuchan a estas personas en sus demandas y nosotros estamos pagando las consecuencias. Esto ya es insoportable. Aquí no hallamos qué hacer. Tenemos los camiones cargados y no nos dejan pasar. Ni siquiera medios de comunicación vienen a ver esto», se lamentó, por su parte, el conductor Efraín Castillo, de origen nicaragüense pero que trabaja con una empresa de transporte de Guatemala.
Desde el 22 de octubre de 2023, grupos ambientalistas y colectivos de trabajadores han realizado manifestaciones y concentraciones masivas en contra del contrato que la Asamblea Nacional aprobó con Minera Panamá (filial perteneciente a la empresa canadiense First Quantum Minerals) y que sanciona a la Ley 406 de la Constitución Política de ese país. Los pobladores se oponen a esta decisión alegando que más que un beneficio, será un daño para la ecología del país, ya que el contrato autoriza la posibilidad de expropiar terrenos dentro y fuera del área adjudicada, exenciones fiscales, manejo de puertos y aeropuertos y la falta de fiscalización por parte del Estado.
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El vecino Luis Antonio Kelso, el mismo que se ha dedicado voluntariamente a hacer fotos y videos del bloqueo en la carretera, relató a Artículo 66 que «la última vez que dejaron pasar, se fueron 130 camiones y no había terminado de pasar el el último camión cuando ya estaban tirando las barricadas otra vez», cuenta el vecino de Chiriquí.
Autoridades no resuelven
Según el testimonio de Kelso, las autoridades oficiales de Panamá no se han pronunciado ante el cierre de las vías y tampoco han dado una respuesta a las personas que lideran las protestas. «Las pocas veces que las autoridades hablaron y solamente dijeron cosas ‘queremos que abran’ y que ‘después va a haber repercusiones’».
«El Gobierno trató de arreglar la situación por medio de la Corte Suprema de Justicia, para que así se invalide la ley que ‘metieron’», expresó Kelso. Sin embargo, señala que los protestantes seguirán manteniendo las barricadas porque, anteriormente, cuando las abren o las quitan, la administración política de Panamá les da la «media vuelta». «Esta gente ahora ya no les cree a nadie. Han decidido cerrar porque ellos saben que si se van a sus casas, el gobierno prácticamente va a hacer lo que le dé la gana».
Kelso afirma que al cierre donde él está varado no han llegado periodistas de los medios de comunicación panameños y que él «ha sido la única persona que ha estado caminando esta fila hacia arriba y hacia abajo». También, añade que no espera una reacción de la Policía porque «ellos han tenido más problemas en otros puntos, como en la capital».
Los bloqueos han causado escasez de alimentos, medicinas y combustibles en Chiriquí, que producen el 80% de los vegetales que consume el país. Además, han provocado desabastecimiento de hortalizas y frutas en la capital y otras ciudades. Aun así, los manifestantes continúan aferrados a defender su postura en contra del acuerdo minero, realizado bajo el mando del presidente Laurentino «Nito» Cortizo.
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Mientras los conductores cuelgan hamacas debajo de sus camiones para protegerse del sol y las lluvias, en espera que se reanude el tránsito en la ruta interamericana, que conecta a Panamá con el resto de Centroamérica, Kelso se compretió a seguir documentando lo que suceda en la zona Oriente de Chiriquí «hasta que esto acabe».
Cuando Panamá se levantó
Las protestas estallaron a finales del pasado octubre cuando el Congreso aprobó la ley del contrato minero, que Cortizo firmó en agosto. Esa concesión minera permite la operación por cuarenta años del yacimiento, situado en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital panameña.
El gobierno panameño defiende el contrato argumentando que supone aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial de 1997, el cual fue declarado inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y en condiciones desfavorables para el país.
Advierte también que el cierre de la mina hará perder 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, además de asestar un duro golpe a la economía nacional en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.
Pero mientras el gobierno panameño hace sus proyecciones económicas, en Chiriquí, los más de 300 conductores esquivan el sol inclemente debajo de los contenedores y su desesperación se agudiza, por que además de que no pueden avanzar, tampoco pueden trabajar para sostener a sus familias que los esperan en sus respectivos países.
