La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene programado celebrar una reunión este miércoles, ocho de noviembre, para abordar la situación de Nicaragua, a propósito de la salida de este país de ese organismo, prevista para el próximo 19 de noviembre, justo cuando se cumplen los dos años de que la dictadura de Daniel Ortega denunció la Carta de la OEA.
Tras reconocer que con la denuncia de la Carta fundacional de la OEA, Nicaragua se retirará del cónclave, según lo establece el artículo 143 de dicho instrumento internacional, los países declaran que «lamentan profundamente» dicha decisión.
No obstante, en el punto tres de la resolución que será aprobada por los embajadores, enfatizan que «la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos por parte de Nicaragua no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas, en particular, pero no exclusivamente, aquellas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos».
La imagen que contiene la resolución que será aprobada el miércoles fue publicada por el embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields.
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Desde el estallido político de 2018, la OEA ha adoptado diversas resoluciones para pedir al gobierno orteguista que «respete y garantice los derechos humanos». Pero hasta el momento, Daniel Ortega y Rosario Murillo han hecho oídos sordos ante los llamados a la acción del organismo internacional.
Aunque la denuncia de la Carta de la OEA implica que el país debería de mantenerse en la Asamblea durante los dos años posteriores, la dictadura sandinista decidió no volver a asistir al cónclave, en una manifestación de desprecio a sus compromisos suscritos.
El régimen sandinista actúa con desdén contra todos los instrumentos internacionales y ha expulsado del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), rechazó al Grupo de Embajadores de la misma OEA que fueron designados para atender la situación de Nicaragua y también ha bloqueado el ingreso del Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Todos han tratado de documentar in situ la crisis sociopolítica y las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se viven en el país desde abril de 2018.