Tras la reciente embestida en contra de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), opositores y defensores de derechos humanos afirman que esta «cacería» continuará contra todo trabajador del Estado que sea un «peligro» para los intereses de la dictadura Ortega y Murillo.
El analista político y exdiputado Eliseo Núñez explicó a Artículo 66 que lo que «realmente» ocurre en la CSJ es una sucesión de poder, lo que significan que «están saliendo los que eran leales a —Daniel— Ortega y están entrando todos los que son leales a —Rosario— Murillo».
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Sin embargo aclaró que esta «limpieza» en el Poder Judicial no significa un pleito entre los mandatarios nicaragüenses, «sino que significa que ahora el control lo tiene Rosario Murillo; y esto implica que gente como Alba Luz Ramos o Yadira —Centeno— tengan que irse y lo están justificando en como que cometieron actos de corrupción».
Subrayó, además, que los supuestos delitos por corrupción que les imputan a los funcionarios despedidos, están diseñados por la dictadura orteguista, «porque este tema del Sistema Judicial con sentencias amarradas para fines recaudatorios del partido no viene ni si quiera del 2007, sino desde mucho más antes y es un sistema de corrupción que ha sido administrado por Ortega».
«Esto —la embestida contra funcionarios de la CSJ— es un asunto de centralización del poder y están teniendo la capacidad de poner sentencias desde la oficina de Rosario Murillo», recalcó.
A la vez dijo que esta nueva ola represiva, dentro de este poder del Estado, significa una guerra se sucesión, donde el dictador Daniel Ortega está apoyando a Rosario Murillo «y al estarla apoyando, está barriendo con su propia gente que le era fiel pero que no mira con buenos ojos a Murillo con tal que tranquilamente ella pueda asumir la Presidencia de la Republica en el siguiente periodo».
«Ortega sigue volando cabezas de sus funcionarios»
Por su parte, el defensor de Derechos humanos Pablo Cuevas afirmó que una de las mayores características del régimen orteguista es que todos sus funcionarios son corruptos, «pero la dictadura ha caído en una paranoia, no confía en nadie y apenas tiene una información de malestares o de infidelidad de sus funcionarios, procede a volar cabeza».
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«Creo que uno de los objetivos —de los dictadores de Nicaragua— es mandar el mensaje de terror que comenzó a mandarlo a opositores y críticos y ahora se traslada a su propio grupo, lo que es otra etapa de la represión en donde están inmersos, como víctimas gente allegada al poder», aseveró.
Asimismo indicó que funcionarios, como Alba Luz Ramos, «pensaban que creían que manteniendo una fidelidad perruna hacia el régimen o siendo parte de la maquinaria represiva, el dictador iba a estar agradecido y los oba a perdonar pero Daniel Ortega y Rosario Murillo solo son fieles a ellos mismos y hacen cualquier cosa para mantenerse en el poder».
Terrorismo de Estado
Para el secretario ejecutivo de Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayérdiz, la situación de Poder Judicial es el resultado del sometimiento de la CSJ, legitimando al Frente Sandinista y acatando sus órdenes.
Ante estas acciones, Ramírez-Ayérdiz hizo hincapié en que tanto la magistrada Alba Luz Ramos como Yadira Centeno «están recibiendo los efectos de haber actuado durante todos estos años contra la población, a través de un Poder Judicial carente de legitimidad y de haber actuado a espaldas de la población nicaragüense que requiere desde 2018 mayor protección».
«Estas sos barridas por sospechas porque en el marco de un régimen bicéfalo como el que se ejerce en Nicaragua o cualquier acto que se salga del lineamiento político es motivo de persecución».
Mientras que el abogado y exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán recordó que después de haber encarcelado y desterrados a asistentes de Alba Luz Ramos, la dictadura inició una casería con la orientación de bajar toda la estructura de poder y funcional que existía bajo su dependencia.
Afirmó que todo hace indicar que las resientes barridas en ese Poder Judicial se debe a un cambio, «en el que Rosario Murillo pone a fichas afines a ella, siendo una sucesión de poder, en el que Ortega, de manera consentida y pasiva, le otorga el control de las comunicaciones del personal a Horacio Rocha quien lleva a cabo las redadas, dejándolos sin salarios, sin vacaciones, sin el pago del aguinaldo, sin indemnización por antigüedad».
Además de Alba Luz Ramos, otros funcionarios que han caído en desgracia y que fueron removidos de sus cargos, tras ser investigados por casos de corrupción, son: Adda Benicia Vanegas Ramos, Ángela Rosa Acevedo Vázquez, la magistrada Yadira Centeno; así como Berman Martínez Martínez, quien fungía como secretario de organización del Frente Sandinista en la CSJ, el exdirigente de la Juventud Sandinista, en Managua, y director de Servicios Generalas de la CSJ, Walter Sobalvarro, y Carlos Alberto López Tinoco, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales en Nicaragua que también se dedicaba a coordinar la sucursal de troles en la Corte.