Luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterrara, el miércoles, 18 de octubre, a 12 sacerdotes hacia el Vaticano, defensores de derechos humanos expresaron su alegría pero también su preocupación porque tras la excarcelación y destierro de los religiosos proseguirá confiscaciones y desnacionalizaciones.
Consultada por Artículo 66, la abogada e investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina, señaló que el desplazamiento forzado de los religiosos de diversas diócesis demuestra una «grave vulneración a los derechos humanos»; y que «seguramente les retirarán la nacionalidad y procederán a confiscarlo».
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Asimismo manifestó que con esta nueva acción, la dictadura orteguista está rebelando que existe conversaciones con la Iglesia. A la vez hizo hincapié que «la demanda que hizo el Papa Francisco de abrir un canal de dialogo, la dictadura lo está aceptando».
La jurista consideró, además, que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo «están demostrando que quieren ahogar y desaparecer a la Iglesia católica con sus integrantes».
En cuanto a la decisión de desterrar a los 12 sacerdotes, Molina subrayó que «los dos —Ortega y Murillo— demuestran que están queriendo salir del problema rápidamente y por eso acceden a estas negociaciones y que ninguno de los delitos que se les imputaron son reales, sino que todos fueron inventados, hasta la supuesta violación sexual» de la que se le acusó a monseñor José Leonardo Urbina, de Boaco.
Referente a la postura de la Conferencia Episcopal (CEN) Martha Patricia Molina dijo que la máxima autoridad religiosa en el país «no está cumpliendo con la tarea de enviar mensajes que guíen al pueblo nicaragüense, está reducida a nada».
En la lista se extrañó a monseñor Álvarez
Por su parte, la activista y defensora de derechos humanos Haydée Castillo dijo al Programa En Contacto, de Artículo 66, que se «extrañó» que en la lista de religiosos desterrados no fue incluido monseñor Rolando Álvarez.
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«Probablemente sigue prevaleciendo en él —monseñor Álvarez— esa gran capacidad de resistencia y resiliencia y de negarse a otra violación a sus derechos, porque no podemos hablar de ninguna liberación, sino de un desplazamiento forzoso que constituye crimen de lesa humanidad», afirmó Castillo.
Además remarcó que queda manifestado que la dictadura de Ortega miente «porque cada vez que lleva a un preso o presa política a sus mazmorras es porque les inventa delitos».
Pablo Cuevas: «Destierro de sacerdotes solo es un cambio de medida»
Mientras que el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas consideró que la acción del régimen es solo «un cambio de medida, de prisión preventiva a condición de apatridia».
«Estos sacerdotes no tenían ninguna intensión de abandonar de manera voluntaria el país, ellos salen del país de manera forzada, siendo así una manera abusiva con la que actúa la dictadura», aseveró Cuevas.
Los sacerdotes que se suman a la lista de más de 300 nicaragüenses desterrados son: el padre Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses, Ramón Angulo Reyes, y según el mismo parte oficial de la dictadura nicaragüense, todos «serán recibidos en Roma, según coordinaciones, por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede».
Según la abogada Molina, este nuevo desplazamiento no significa el cese de hostilidades, sino que las agresiones continuarán y «posiblemente los encarcelamientos también».
