Régimen Ortega-Murillo pretende «imponer olvido» al arbitrario caso judicial de monseñor Rolando Álvarez

El poder Judicial de Nicaragua, al servicio de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, pretenden imponer una especie de «manto oscuro» sobre el expediente en el que se ha tramitado el caso del obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, para que la sociedad se olvide de la gran cantidad de arbitrariedades y manoseo a la justicia que se fraguaron en ese juicio político, advirtió este viernes el abogado en el exilio Yader Morazán.

«Me acabo de dar cuenta que los dos expedientes que corresponden a monseñor Rolando Álvarez han sido dados de baja en el sistema (informático) del Poder Judicial (se han dado por terminados). Es decir, dan por hecho que el expediente no tendrá más actividad procesal instada por ninguna de las partes», advirtió Morazán a través de su cuenta personal de X.

El abogado, atendiendo a la consulta hecha por Artículo66, explicó que, el Poder Judicial al dar por «terminado» todo trámite jurídico en los expedientes, están haciendo de cuenta que ya no hay nada que hacer en ese caso, algo que contradice lo expresado por la Ley, según el jurista, pues el caso del obispo Álvarez en realidad está en la etapa de «ejecución», donde aún caben nuevos incidentes o trámites.

Noticia relacionada: Cronología de un ilegal cautiverio: la cruzada del dictador Ortega contra monseñor Álvarez

Morazán advierte además que, mientras tratan de imponer el olvido a los expedientes del caso, «la jueza que condenó al obispo (Álvarez) se aferra al expediente, y no lo remite al Juzgado de Distrito Penal de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria correspondiente, tal como lo manda la Ley».

El jurista exiliado explicó que es al Juzgado de Ejecución a quién le corresponde dar seguimiento al cumplimiento de la pena y al régimen carcelario de monseñor Álvarez, sin embargo, «la jueza ni lo remite a Ejecución ni lo manda a ninguno de los archivos, tal como se hace normalmente, pese a haberlos dado de baja».

Morazán insistió en que, el expediente del caso del obispo Álvarez no puede considerarse terminado o decir «lo que nosotros (los abogados) llamamos muerto porque no se ha cumplido una pena, aún está en ejecución y por consiguiente ese expediente debe estar en manos de un judicial de Ejecución y Vigilancia».

El obispo matagalpino fue condenado en un juicio político el 10 de febrero pasado por la operadora política de la dictadura en el Poder Judicial, que actúa como jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, Nadia Camila Tardencilla Rodríguez.

Noticia relacionada: Monseñor Rolando Álvarez rechaza libertad a cambio del exilio: «Quiere ser libre en su país»,  dicen voces religiosas 

Tardencilla impuso al líder religioso diez años de cárcel por el supuesto delito de «conspiración». Cinco años por el supuesto delito de «propagación de noticias falsas». Cinco años y cuatro meses más de cárcel por el supuesto delito de «obstrucción de funciones agravadas», y año de prisión por el supuesto delito de «desacato a la autoridad». En total, las penas suman 26 años y 4 meses de prisión.

Además, el jerarca católico fue sancionado con 800 días multa, equivalentes a 56 461 córdobas. También los dictadores ordenaron despojarlo de su nacionalidad e inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular.