La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el viernes que analizará la constitucionalidad de leyes de dos estados que restringen las posibilidades de las redes sociales de tomar medidas contra la desinformación política, a algo más de un año de las elecciones de 2024.
Las leyes fueron aprobadas en Florida y Texas a raíz del asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, en Washington, por parte de partidarios de Donald Trump.
Tras ese ataque importantes plataformas de redes sociales suspendieron cuentas vinculadas al expresidente republicano y otros contenidos políticos.
La medida motivó que los conservadores estadounidenses acusaran a sitios como Facebook o YouTube de censura, y precipitó la promulgación de leyes en los estados gobernados por los republicanos.
A principios de este año, la Suprema Corte, de nueve miembros, votó por estrecho margen suspender las controvertidas leyes.
La decisión fue rechazada por tres jueces conservadores, para quienes la “innovadora” ley de Texas que rige la actividad de las principales plataformas necesitaba un tratamiento especial y la jurisprudencia en materia de libertad de expresión no era necesariamente adecuada para abordar este tema.
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El caso fue llevado al tribunal más alto del país por asociaciones que representan a las grandes empresas tecnológicas, la Computer & Communications Industry Association y NetChoice, para la cual las plataformas tienen la libertad de manejar el contenido como mejor les parezca.
El gobierno de Joe Biden instó a la Corte Suprema a que se haga cargo del caso, afirmando que las decisiones de moderación de contenido están cubiertas por la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
“Durante más de 200 años, los tribunales han defendido la Primera Enmienda para proteger a los ciudadanos y a las empresas privadas de los embates del gobierno”, dijo el presidente de la CCIA, Matt Schruers.
“Este es un principio fundamental de la democracia y nos alegra que la Corte Suprema lo haya reconocido”, agregó.
Las leyes de Texas y Florida entraron en vigor mientras Washington lucha por actualizar las leyes federales que rigen la vida en línea, y los estados establecen cada vez más sus propias reglas.
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“Las grandes plataformas de redes sociales son el nuevo espacio público para la comunicación, la protesta, el discurso y la expresión, pero eso no necesariamente las convierte en un foro público regulable por el gobierno”, dijo el profesor Roy S. Gutterman, del Centro Tully por la Libertad de Expresión de la Universidad de Syracuse.