Nicaragua: cinco años bajo estado policial de facto, con una Policía cada vez más represiva y peligrosa

El 28 de septiembre de 2018, tras cinco meses de protestas populares y una feroz represión sin precedentes en Nicaragua, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron imponer un estado policial de facto.

Ese día declararon ilegal cualquier expresión de protesta, principalmente las manifestaciones, marchas y plantones. Comenzó así la etapa más represiva del país, que se mantiene hasta ahora y de la que no escapan ni los militantes y simpatizantes del partido sandinista.

Desde entonces, Nicaragua vive un estado policial de terror, donde los dictadores, para  ganar lealtad de la Policía, la ha recubierto de impunidad, más recursos y más efectivos y, últimamente, hasta de leyes que castiga con cárcel a los propios policías si se atreven a desertar o a desobedecer una orden de su superior para reprimir a su pueblo.

La Policía ya no es una institución para combatir el delito y proteger al pueblo, sino para delinquir y reprimir, dicen analistas consultados por Artículo 66.

Un experto en seguridad ciudadana, que habló a condición de anonimato, sostiene que la Policía orteguista ha involucionado «de un cuerpo de protección a la población contra el delito y a favor de la seguridad, a un instrumento de inseguridad y de delito».

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El experto analiza que con el afán de mantenerlos leales, el dictador Ortega ha bañado de impunidad a esa institución. «La Policía actualmente es el factor de inseguridad y violación de derechos de la población. Eso ocurre cuando el poder autoritario usa las instituciones para anular lo que consideran amenazas. En el caso específico de Nicaragua, la Policía se ha convertido en una amenaza peor que el narcotráfico, porque mata más gente inocente que éste en ese país», señaló el experto.

Por su parte, el dirigente opositor Luis Blandón, vocero del movimiento político Unión Demócrata Renovadora (UNAMOS) señala que, efectivamente Nicaragua está sometido a un estado policíaco donde los dictadores Ortega y Murillo tienen el control absoluto de todas las instituciones del país.

El opositor sostiene que Ortega está asustado y tiene miedo a nuevas manifestaciones masivas como las de 2018. «Ortega sabe que hay un hartazgo de la ciudadanía nicaragüense, que ya no soporta más este sistema, es más, ni siquiera sus fanáticos se salvan de esto, pero es que ni siquiera sus ministros y trabajadores se salvan (de la represión) porque ellos tampoco gozan de libertad absoluta para poder hacer lo que consideren que es correcto», refirió.

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En tanto, el exreo político Juan Sebastián Chamorro coincide en que el estado policial impuesto por la dictadura Ortega-Murillo es «absurdo, criminal y dinástico» que ha llevado a Nicaragua a la peor crisis de su historia .

Recordó que nunca en la historia de Nicaragua en momentos de «no guerra» se habían asesinado tantas personas, y ahora la dictadura de Ortega y Murillo asesinó más de 355 personas en el 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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«Lo que persigue la dictadura es atornillarse en el poder a toda costa, todas las acciones que hacen es para extinguir cualquier foco de protesta, de crítica, de pensamiento, y ahora hemos llegado a lo ridículo de que ni siquiera (las imágenes de) los  santos son permitidos salir en procesión de los templos, están prohibidas las procesiones, todo tipo de expresión religiosa», indicó el opositor.

Mientras que, la también dirigente opositora Ana Quirós refirió que Ortega se congracia con la Policía porque le interesa contar con un aparato represivo absolutamente plegado a su voluntad

Quirós sostuvo  que la Policía orteguista está muy comprometida con la represión y los crímenes de la dictadura por lo que «lo que es el fundamento y la estructura policial, tendrá que ser demolida de raíz», cuando caiga la dictadura.