Casi seis décadas de historia y un prestigio regional en el campo de la enseñanza superior en temas de negocios y finanzas terminaron consumidos por la dictadura de Daniel Ortega. ¿Qué motivó que le echara manos al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)? ¿Es solo parte de su voracidad tenebrosa o hay algo más de fondo?
El prestigioso INCAE sentó una posición crítica sobre el manejo de la pandemia de Covid-19, que contrariaba la irresponsable política sanitaria del régimen de Daniel Ortega, y también prestó sus instalaciones para buscarle una salida a la crisis del 2018. Desde sus instalaciones, los opositores exigieron el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Ahora la venganza está consumada: la dictadura de los acusados de crímenes de lesa humanidad, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha anulado la personalidad legal y asaltado la sede del más prestigioso centro educativo de Nicaragua. Para algunos analistas, estas podrían ser algunas razones de esta nueva embestida.
«Pecado de origen»
En sus trastornos de poder, la vocera gubernamental Rosario Murillo ya había advertido sus intenciones de odio contra el INCAE, sobre la base de un artículo con datos torcidos que escribió uno de sus empleados, para marcar la pauta contra el hoy confiscado instituto.
El 28 de agosto, la esposa del dictador elogió el texto propagandístico que trataba torpemente de justificar la confiscación de la UCA y marcaba una «X» sobre el destino del INCAE, al considerar el propagandista a sueldo que tanto la universidad jesuita como el INCAE, habían sido creados por la Central de Inteligencia Americana (CIA) «para expoliar permanentemente al pueblo», una tesis tan descabellada, como la acción de confiscarlas.
Noticia relacionada: Con el cierre del INCAE, Ortega «está liquidando la educación superior en Nicaragua», afirman opositores
La historia de INCAE comienza en 1963, cuando el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visita por primera vez Costa Rica y sostiene una cumbre con los presidentes Centroamericanos. Bajo la bandera de progreso económico y social, los líderes regionales resaltan la necesidad de fortalecer la educación empresarial en la región. Así es como, en 1964, por iniciativa de los gobiernos y la comunidad empresarial centroamericana, y apoyados por el presidente Kennedy y Harvard Business School, se funda INCAE tras la graduación de la primera clase del Programa de Alta Gerencia-PAG.
La ceremonia de honor al expreso político Arturo Cruz
El 21 de noviembre, después que la dictadura había consumado el último fraude y farsa electoral de las últimas dos décadas, los graduados del máster ejecutivo en Administración de Empresas del INCAE, dedicaron su ceremonia al entonces preso político Arturo Cruz.
Cruz había abandonado su puesto como docente de esa casa de estudios que ocupó durante décadas, para dedicarse de lleno a la carrera por la Presidencia de la República, la que había que competir con Ortega. Pero el dictador y su esposa, en su malsano plan de sostener la dictadura familiar, apresaron y condenaron a todos los aspirantes presidenciales, siendo Cruz el primero.
Como represalia por dedicar el acto de graduación a Cruz, en diciembre, los diputados al servicio de la familia Ortega-Murillo aprobaron la anulación de la personalidad jurídica de la Asociación de Graduados del INCAE-Nicaragua.
En esa ocasión, se indicó que la organización, violó la Ley contra el lavado de dinero y activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, además de la Ley 147, sobre las personas jurídicas sin fines de lucro. Todo un invento en cabezas orteguistas.
El INCAE y la pandemia
A finales de marzo de 2020, cuando el mundo se consumía en pánico y muerte por la pandemia del Covid-19, el virus provocaba muertes también a granel en el país, decesos que la dictadura se esmeró en esconder manipulando cifras, para no admitir que su política sanitaria de «contagio de rebaño» era un fracaso monumental y macabro.
La dictadura había abierto las puertas a las actividades públicas y promovía eventos masivos que llevaron a miles a contagiarse y morir, incluyendo sus seguidores. En ese contexto, el 31 de marzo, el INCAE lanzó un mensaje a la nación que llamaba a la responsabilidad social compartida de todas las fuerzas del país para enfrentar la pandemia.
«Pedimos al Gobierno y a todos los sectores de la sociedad, a la Iglesia y las comunidades del país, que trabajen unidos y de forma coordinada en preparación para afrontar este mortal virus. En este momento, hay que pensar en salvar vidas y dejar a un lado diferencias de cualquier índole», recomendó el INCAE.
«En INCAE dimensionamos esta situación como la crisis de nuestra generación. Es necesario actuar de manera inmediata, con urgencia y todos unidos. Únicamente así podremos aplanar la curva de propagación del contagio», expresó el instituto.
La dictadura guardó silencio e ignoró el llamado. Pero no solo eso, subió el volumen de los llamados «a promover la muerte» por medio de sus políticas sanitarias irresponsables como los eventos masivos que organizó en los departamentos.
Abren las puertas al diálogo que Ortega incumplió
Después de una serie de sanciones contra la familia dinástica y funcionarios bajo su servidumbre, por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, la dictadura Ortega-Murillo regresó a la mesa del diálogo en febrero de 2019 en la sede del INCAE.
En la hasta ayer prestigiosa casa de estudios de maestrías y doctorados, se realizó entre febrero y agosto de 2019, el último diálogo entre la oposición y el régimen sandinista, luego de las protestas sociales que Ortega y Murillo ordenaron masacrar y que dejaron un saldo de 355 muertos y miles de heridos.
Una parte de la cúpula empresarial nucleada como Alianza Cívica, alrededor del INCAE, logró arrancar a la dictadura una serie de acuerdos para tratar de alcanzar una solución a la crisis y detener la ola de violaciones masivas de derechos humanos que desde entonces viene haciendo el régimen.
Presionada por las sanciones, la dictadura firmó un compromiso de garantizar al menos 20 preceptos constitucionales a los nicaragüenses entre los cuales se destacaba una amnistía para los presos políticos, derecho a la protesta social y reunión pacífica, cese de las detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas, respeto y restablecimiento del derecho de la libertad de expresión y de prensa, devolución de edificios y equipos confiscados y retiro de los cargos penales imputados a periodistas independientes.
Además, se comprometió al desarme y castigo de los paramilitares autores, junto a policías, de cientos de crímenes de lesa humanidad; garantía del retorno de los exiliados y garantía de juicios justos a personas señaladas de alteraciones al orden y finalmente, creación de una comisión interinstitucional para revisar el tema electoral.
Noticia relacionada: Vaticano llama desde la ONU a Nicaragua a buscar «diálogo diplomático respetuoso»
Ortega firmó, pero carente del principio de honestidad y de compromiso, exigió fuera del acuerdo que la oposición gestionara el fin de las sanciones impuestas por la violación masiva de derechos humanos. Al no lograr revertir las sanciones, optaron por desconocer los acuerdos, aumentar la represión y acabar con todos los miembros de la mesa de negociación: desde los empresarios y líderes políticos y religiosos, hasta hoy con la confiscación del INCAE.
Por unos meses más, el INCAE dejó abierta sus puertas para que el régimen regresara a la mesa de diálogo, pero no volvieron sino hasta este 25 de septiembre, que tumbaron sus portones y lo tomaron por asalto.
Por Voces Unidas
