En entrevista al programa Estudio TN8, de la propaganda gubernamental, el rector de la robada Universidad Casimiro Sotelo, Alejandro Genet Cruz, dijo que no hay una fecha para iniciar el segundo semestre de clases.
Esta es la tercera vez, después del robo de la Universidad Centroamericana (UCA), que las autoridades académicas impuestas por la dictadura de Ortega «patinan» y no logran iniciar el ciclo lectivo.
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La nueva administración académica primero había anunciado que las clases iniciarían el 28 de agosto, luego el 25 de septiembre, bajo la supuesta excusa que se encontraban en «revisión exhaustiva de los expedientes académicos de los estudiantes matriculados para identificar a los que provienen de familias de escasos recursos económicos».
«El primer desafío es arrancar, fecha tentativa no la podría señalar, sería generar expectativas; había un planteamiento pero hay que esperar el comunicado final» señaló en tono dudoso Genet Cruz, quien se dedicó a hablar de la oferta académica de la alma máter, instalada en el edificio robado a la Compañía de Jesús.
Para el líder estudiantil Enrique Martínez, las declaraciones de Genet «demuestran la incapacidad de la dictadura de asumir con seriedad esta institución que se da después de la confiscación arbitraria a la Universidad Centroamericana».
«Pensaban que al igual que las otras universidades que controlan podían asumir la parte administrativa y seguir con la calidad que tenía la UCA, pero se está evidenciando que el régimen aún se encuentra en una situación de definir cuál va a ser la estrategia para administrar esta casa de estudio», agregó.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa mintiéndole a organismos internacionales con sus falsos datos y esta vez es al Fondo Verde del Clima, instancia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a quien le está vendiendo una consulta con los pueblos autóctonos de la Costa Caribe, de mentira, con el fin de conseguir el desembolso de más de 116 millones de dólares destinados para protección de los bosques.
En julio pasado, la junta directiva del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) informó que decidió mantener «congelado» el desembolso de 116.6 millones de dólares destinados para el Proyecto Bio-CLIMA en Nicaragua.
La decisión del organismo internacional se dio luego de denuncias de los pueblos indígenas y de organizaciones de la sociedad civil en el exilio de que el régimen de Ortega viola los derechos humanos de esas poblaciones y que en realidad el Gobierno de Nicaragua no desarrolla una política ambientalista en la Costa Caribe, hacia donde deberían estar destinados los fondos y tampoco consulta con los pueblos autóctonos sobre los proyectos a desarrollar, tal como lo establecen las leyes del país y las normas del organismo.
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Ante la decisión del organismo, el régimen, en un intento por lograr el desembolso millonario, se apresuró a organizar una «consulta previa, libre e informada» con al menos 23 comunidades de los territorios indígenas de Nicaragua, sin embargo, según denuncia el organismo ambientalista Fundación del Río, tal consulta fue realmente un simulacro.
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) está realizando una campaña para lograr la libertad de los más de 80 presos políticos cautivos en las distintas cárceles del país.
«En septiembre recordamos la valentía de quienes defienden la democracia en Nicaragua. ¡Libertad para los presos políticos!», demandó la organización estudiantil, a través de la red socias X, anteriormente conocida como Twitter, adjuntando la foto del abogado y preso político Manuel Urbina Lara, detenido el el 25 de enero del 2021.
Por su parte, el desterrado político y presidente de AUN, Max Jerez, explicó a Artículo 66 que la campaña «está inspirada en el hecho que sentimos que es necesario aumentar la presión y la visibilización de cada uno de los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles de Nicaragua, incluyendo monseñor Rolando Álvarez».