Nicaragua canceló el miércoles la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, con lo que todos sus bienes pasan al Estado, una semana después de confiscarle una universidad por acusación de terrorismo
En una nueva acción contra la Iglesia católica, una resolución del Ministerio de Gobernación privó de su personalidad jurídica a la orden jesuita, argumentando que estaba en «incumplimiento con sus obligaciones».
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La resolución dice que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que «tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020» .
Líderes políticos y opositores nicaragüenses condenaron la reciente cancelación arbitraria de la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, y señalaron que esta nueva acción represiva del régimen de Daniel Ortega contra la orden sacerdotal «es un episodio más de persecución religiosa que busca aniquilar la presencia de los sacerdotes jesuitas en el país», debido a que los religiosos han sido «una voz crítica» ante los atropellos perpetrados por la dictadura contra el pueblo de Nicaragua.
La abogada Martha Patrica Molina indicó a Artículo 66 que con esta nueva arremetida, el régimen «pretende aniquilar por completo a la Iglesia católica nicaragüense y paralelamente también nacionalizar la educación porque a un Estado criminal como es Nicaragua no le conviene formar ni egresar a seres pensantes».
En ese sentido, Molina resaltó que en las casas de estudios administradas por los jesuitas se imparte «educación de calidad» y se forman jóvenes con «capacidad de análisis y crítica»; cualidades que el régimen ve como un problema porque «está con ansia, de adoctrinar desde temprana edad a los jóvenes para mantener a futuro su proyecto de dictadura dinástica que es lo que están construyendo».
Los Colegios jesuitas Loyola y Centroamérica han tratado de calmar a sus respectivas comunidades estudiantiles aclarando que sus personalidades jurídicas son independientes de la Asociación Compañía de Jesús, declarada ilegal por el régimen Ortega-Murillo, que además ordenó confiscar todos los bienes a los jesuitas.
La cancelación de la personería jurídica y confiscación de la asociación jesuita en Nicaragua provocó nerviosismo en la comunidad educativa del Loyola y el Centroamérica, que son administrados por los jesuitas, sin embargo las autoridades de ambos centros educativos han aclarado que cada uno tiene su propia personalidad jurídica y no han recibido ninguna notificación de parte de las autoridades gubernamentales que les impida seguir funcionando con normalidad, hasta ahora.
Las tres líderes estudiantiles que fueron detenidas el pasado fin de semana fueron trasladadas al centro penitenciario «La Esperanza». Se conoce por sus familiares que las jóvenes Gabriela Morales, Mayela Campos y Adela Espinoza permanecían en el Distrito III de la Policía en Managua.
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La mañana del miércoles, 23 de agosto, los parientes de las activistas fueron notificados de su traslado, sin que les brindaran detalles de los delitos por los que se les acusa. Flor Tercero, madre de Adela Espinoza, informó en sus redes sociales que este pasado martes logró ver a su hija, que ya portaba el uniforme azul, sin embargo no le permitieron tener contacto con ella.
Los familiares de dos de las presas políticas indican que un número importante de agentes de la Policía se presentó a las casas de las procesadas buscando información que no precisaron. De forma extraoficial se ha vinculado la captura de las jóvenes con la quema de una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la confiscación de la Universidad Centroamericana, a la que perteneció Adela Espinoza.