El dictador Daniel Ortega se quejó del fin de su «maridazgo» con la empresa privada nicaragüense. Volvió a acusar a Estados Unidos de ser el responsable de la revuelta social y de acabar con su «modelo de diálogo y consenso», cuando el país marchaba bien, según el caudillo sandinista.
«… cuando el país estaba en condiciones realmente de crecimiento, de desarrollo, donde se había logrado una alianza que era impensable en otros tiempos, entre el Gobierno del Frente Sandinista y el sector privado», afirmó Ortega el pasado 30 de abril.
Según el dictador todos estaban «contentos» porque se generaban empleos y el país registraba un crecimiento económico sostenido, se «mejoraba el servicio (de) salud, el servicio de educación».
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«… contentos los empresarios porque estaban haciendo dinero también, más empleo, más compras, más capacidad de compras de la población, todos contentos», aseguró.
Alexa Zamora, activista y desterrada política, afirma que Ortega tiene una visión del modelo corporativista en Nicaragua que está plagada de «falacias sobre el crecimiento macroeconómico» porque no se veían reflejados en el desarrollo y el acceso a empleo de calidad.
La activista política manifestó que Ortega tiene un «anhelo» de volver a cogobernar con la empresa privada para regresar al «status quo».
«En Nicaragua ya existían violaciones a los derechos humanos, persecución a defensores, desapariciones forzadas y cárcel por motivos políticos, pero esto no era un tema de discusión. No es cierto que todos estaban contentos», refirió.
«Bypass» a la democracia representativa
El exdiputado liberal Eliseo Núñez considera que las declaraciones de Ortega denotan que no está claro de que el modelo que implementa sea el correcto, porque el dictador prefería tener una alianza con los empresarios, que representó un «bypass» a la democracia representativa que derivó en un Gobierno corporativista.
«Ese modelo le daba un espacio hacia adelante en los temas de inversión y económico. Lo que Ortega no entiende es que los autoritarismos no son los mejores para llevar progreso, lo pueden llevar en un inicio, pero el mismo progreso crea nuevos actores que tienen recursos y legítimamente quieren disputar el poder y al disputar el poder, los autócratas reaccionan como (Daniel) Ortega lo hizo en 2018, llevando las cosas al extremo y rompiendo de una vez la base con la que se ha generado el crecimiento», analizó.
El activista opositor Enrique Martínez manifestó que este modelo trajo consecuencias al país como el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Afirma que se tomaban decisiones democráticas fuera de los canales establecidos en el país; el aumento de la corrupción y la falta de transparencia; la desigualdad de poder entre el régimen y los empresarios. Además de un estancamiento económico.
«Otras desventajas que se desglosan de este modelo es el deterioro de los derechos humanos, la represión, cárcel, exilio y destierro. Los mismos empresarios sufrieron cárcel tras la ruptura y la suma al clamor popular. Empresarios prominentes fueron encarcelados y acusados de traición a la patria»
El opositor señala que la crisis en Nicaragua se debe a factores preexistentes como la quiebra de la seguridad social, el deterioro educacional, la precariedad laboral. «La disminución de la inversión se debe a la falta de democracia y respeto a los derechos humanos, no a la ruptura del modelo corporativista», indicó.
El sandinismo ha intentado presentar a nuevos empresarios vinculados a sus intereses, pero no cuentan con la credibilidad de la comunidad internacional y homólogos en otros países, reafirmó Martínez.
«Ningún empresario con sentido común invierte en un país donde hay inestabilidad jurídica y en cualquier momento de puede emitir una ley que implique la confiscación de sus bienes. Nicaragua es un país de alto riesgo para desarrollar actividades económicas. Desde 2018 ha habido el cierre de muchas empresas internacionales debido a la inseguridad económica y jurídica», añadió Zamora.
La ruptura del modelo corporativista
La revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura del «maridazgo» entre la empresa privada nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el régimen acordaron aplicar en el país un modelo corporativista que les funcionó a su favor durante 11 años.
Ese «acuerdo» con el régimen les permitía nominar a empresarios a cargos públicos, la creación de leyes a su favor, la exoneración y exención de impuestos, entre otros muchos beneficios que aprovecharon por más de una década.
Este modelo que bautizaron de «diálogo y consenso» acabó tras el inicio de las protestas. El Cosep decidió romper su «alianza» con la dictadura y adoptar una posición acorde a la nueva realidad que vivía el país.
Las consecuencias contra el sector empresarial han sido nefastas, Ortega ordenó el encarcelamiento de sus principales dirigentes gremiales: José Adán Aguerri, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas; expresidente, presidente y vicepresidente de la organización, respectivamente.
También aniquiló el Cosep, sus 19 cámaras y desterró a los empresarios que mantuvo en prisión por casi dos años. La dictadura ordenó la confiscación de sus bienes, el arrebato de la nacionalidad y la anulación de todos sus derechos civiles y políticos.
Desde que el tirano sandinista desató esa cacería también ha intentado por distintos medios volver a endulzarle el oído a los dueños de los capitales de Nicaragua pero, al menos abiertamente, ninguno ha cedido a esas pretensiones.