El Gobierno de Chile se sumó a la denuncia contra el régimen de Nicaragua por la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA). A través de un comunicado, la administración de Gabriel Boric expresó «su profunda preocupación y condena enérgicamente a las recientes acciones llevadas a cabo por la administración Ortega Murillo en Nicaragua, específicamente en relación con la Universidad Centroamericana (UCA), y se solidariza con esa comunidad universitaria y con todos aquellos afectados por estas medidas represivas, que profundizan el deterioro del Estado de derecho».
Desde Chile, señalan que estos hechos afectan el respeto y la garantía de los derechos humanos. La toma de la universidad jesuita y la acusación en su contra declarando la casa de estudios como un «centro de terrorismo» es también un hecho condenado. «Chile repudia, en particular, la medida adoptada el 15 de agosto del 2023, mediante la cual se abrió una causa penal por el delito de terrorismo contra la UCA, una institución de vital importancia para la educación y el desarrollo del país», dice el escrito con fecha de 21 de agosto.
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Esta medida que afecta a más de 6,000 personas que conforman la comunidad universitaria de la robada UCA, entre ellos estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, es considerada por el gobierno chileno como un atentado a la educación superior. «Su cierre representa un grave atentado contra la libertad académica, el derecho a la educación y los principios democráticos que deben prevalecer en nuestra región», indican.
La acción del régimen es calificada como un «zarpazo» a la educación. «Chile rechaza enérgicamente estas acciones represivas y exige al gobierno de Nicaragua que cese de inmediato cualquier medida que afecte la integridad y el funcionamiento de la UCA y de quienes la dirigen, así como de cualquier otra institución educativa en el país», detalla la nota.
Las autoridades de ese país también abogan porque en el país se respeten y garanticen los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica. El gobierno de Nicaragua en su afán por desaparecer los rastros de esta casa de estudios ha ejecutado la detención de tres lideresas estudiantiles a las que presuntamente vinculan con la quema de una bandera del partido de gobierno, mientras se inauguraba la Universidad Casimiro Sotelo en el edificio de la confiscada UCA.
El gobierno de Chile también llama a la comunidad internacional a sumarse a esta condena. «Chile reitera su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en la región, hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en contra de las acciones del gobierno nicaragüense, instando a la restitución de derechos fundamentales en Nicaragua», apunta.
Colombia también se solidarizó con la comunidad educativa y condenó los actos de la administración de Ortega y la arbitrariedad del régimen de Nicaragua. Estados Unidos también se pronunció sobre la confiscación de la universidad jesuita y la continua represión de la dictadura contra las figuras e instituciones religiosas.
