Gremios antigubernamentales de varias regiones de Perú reiniciarán el miércoles sus protestas contra el gobierno de Dina Boluarte con una movilización nacional, información el martes los organizadores.
“La marcha es democrática. El día de mañana reactivamos las movilizaciones a nivel nacional para pedir la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones generales”, dijo a la AFP el Secretario General de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López.
La plataforma de demandas de los manifestantes es la renuncia de la presidenta Boluarte, adelanto de elecciones, cierre del Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución.
Boluarte pidió a los manifestantes que las protestas sean en paz y calma para evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden.
“Esperamos todos los peruanos que esta movilización de mañana sea dentro del marco constitucional, que sea una marcha pacífica, sin generar violencia, caos, crisis o querer protagonizar un anarquismo en el país”, dijo Boluarte en un pronunciamiento en el palacio de gobierno.
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“Respetamos las marchas de protestas pacíficas, pero también les decimos que actos de violencia no se van a permitir”, busque la mandataria tras hacer un llamado al diálogo a los líderes que convocan las marchas.
La movilización central se realizará en la capital peruana en la denominada “tercera toma de Lima”, en alusión a dos marchas de protesta realizadas en los primeros meses del año en las que exigieron la salida de Boluarte y nuevas elecciones.
Similares movilizaciones se realizarán en todas las regiones, entre ellas Puno, Cusco y Arequipa (sur).
Boluarte presentó a inicios de año al Congreso, controlado por la derecha, dos proyectos para adelantar las elecciones a 2024 (abril y diciembre) pero ambos fueron rechazados por falta de consenso.
La represión del gobierno peruano desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre pasado ha dejado 50 muertos, de los cuales una veintena por impactos de bala disparados por las fuerzas militares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Boluarte era vicepresidenta de Perú hasta que asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta que finalice su mandato, en julio de 2026.
