La dictadura sandinista, que en dos etapas de la historia se ha afincado en el Gobierno de Nicaragua, es enemiga de la propiedad privada, ha anulado el derecho de los nicaragüenses a tener su propio patrimonio y ha provocado pánico en la inversión extranjera debido a las confiscaciones masivas que ha ejecutado en el país.
Esa denuncia fue formulada por el exreo político y desterrado por la dictadura Ortega-Murillo, Félix Maradiaga, quien, en representación de la Fundación Libertad, participó como expositor en el Foro Internacional «Propiedad Privada: Un Derecho Humano», desarrollado este martes, 11 de julio, en la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), EE.UU.
Dicho foro centró sus exposiciones en dar a conocer «las prácticas de toma de tierras, decretos confiscatorios y otras modalidades de usurpación de la propiedad privada» en países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Cuba, gobernados por la izquierda, simpatizante de la ideología comunista.
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En su exposición, Maradiaga explicó que a lo largo de la historia nicaragüense ha habido más de cinco procesos confiscatorios, «lo que demuestra la fragilidad de ese derecho humano», sobre todo en contextos de dictadura como la que vive actualmente Nicaragua.
El también exprecandidato presidencial de Nicaragua, recordó que uno de los aspectos que más dotan a la persona de «dignidad, libertad y felicidad» es el derecho a la propiedad privada, que ha sido violado siempre por el sandinismo.
El dirigente opositor recalcó que la piñata sandinista no comenzó en 1990 sino en 1979, con el decreto 3 del 20 de julio de ese año, que confiscó las propiedades y bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que abandonaron el país a partir de diciembre de 1977.
Luego vino la «Ley de los Ausentes», aprobada el 19 de julio de 1981, «como otra forma aberrante de robo de propiedades». Los sandinistas abandonaron el Gobierno tras la derrota electoral propinada por la Unión Nacional Opositora (UNO) en 1990, no sin antes legalizar todos los robos de propiedades mediante las «tenebrosas» leyes 85, 86 y 88. «Unas 11 mil personas fueron confiscadas, de las cuales la mayoría nunca recuperó lo robado», detalló Maradiaga a Artículo 66.
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Las confiscaciones ejecutadas por el sandinismo durante los años 80 e inicio de los 90 representaron una deuda pública de aproximadamente 1,500 millones de dólares, lo que actualmente representa más del 16% del total de la deuda interna que los nicaragüenses todavía siguen pagando.
«En una verdadera democracia, toda persona debería tener el sagrado derecho de poseer, utilizar y disponer de sus bienes de acuerdo con sus propios deseos y necesidades», dijo el expositor, y en ese sentido señaló que cuando regrese la democracia a Nicaragua, todos los bienes confiscados por la dictadura deben regresar a sus legítimos dueños.
El foro fue organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la FIU. Participaron personalidades como Francisco Santos Calderón, exvicepresidente de Colombia; Ricardo Jacob Israel Zipper, excandidato presidencial de Chile; Maura Paula Romo, exministra de Gobierno de Ecuador y Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros de Perú.