El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão afirmó, en entrevista con Artículo 66, que monseñor Rolando Álvarez se «está transformando en un símbolo central de la resistencia democrática en Nicaragua».
Las declaraciones del abogado se dan luego que en medios de comunicación se informara, a través de fuentes religiosas, que el obispo de la Diócesis de Matagalpa saldría de Nicaragua rumbo a Roma, como parte de la condición que estaría poniendo la dictadura sandinista para liberar al sacerdote, versión que fue desmentida por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.
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Tras conocerse que una vez más el religioso se negó a ser desterrado del país, el defensor de derechos humanos dijo que «al no someterse a las imposiciones del régimen autoritario», Álvarez está enviando «un fuerte mensaje de que no los reconoce —a Daniel Ortega y Rosario Murillo— como legítimos».
Organizaciones opositoras, que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), se pronunciaron por las recientes situaciones alrededor de monseñor Rolando Álvarez, quien continúa siendo preso político del régimen de Nicaragua.
Condenaron, a la vez, «la libertad condicionada» que la dictadura de Daniel Ortega le habría ofrecido al obispo de la Diócesis de Matagalpa, que consistía en aceptar el destierro; «sin embargo, monseñor Álvarez la habría rechazado, por segunda ocasión (…) optando por seguir recluido en las mazmorras del régimen, en acompañamiento del sufrido pueblo nicaragüense, hasta lograr su libertad incondicional y las libertades públicas para el pueblo», señalaron.
«El pueblo católico nicaragüense está al lado de sus pastores, del Obispo Álvarez y de los cinco sacerdotes que continúan privados de su libertad; también estamos al lado de las docenas de sacerdotes, religiosas y laicos que han sido expulsados del país», subrayaron las organizaciones firmantes de un pronunciamiento con fecha del seis de julio.
Familiares de la pareja que fue mortalmente arrollada por Daniel Rosales Frixione, hijo del fallecido exmagistrado orteguista Francisco Rosales, esperan un castigo ejemplar contra el que ocasionó la doble tragedia.
La Fiscalía está pidiendo 42 años de cárcel por el fatídico accidente que ocurrió la noche del pasado 21 de marzo y en el que fallecieron Pedro Cubillo Mora, de 30 años, y su pareja Eilish Milagro Mora Torrez, de 24. Ambos se dirigían a su casa, ubicada en el municipio de Potosí, departamento de Rivas.
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Las víctimas viajaban en una motocicleta, junto a su bebé de 18 meses. Producto del fuerte impacto, el menor de edad resultó con lesiones graves, por lo que fue trasladado al hospital Gaspar García Laviana, de Rivas, donde tras varias semanas hospitalizado, logró recuperarse.
En menos de cuatro días han perdido la vida dos indígenas de la comunidad Mayangna Sauni As. El segundo fallecido fue identificado como Serato Juwith Charly, de 23 años, de la comunidad Kauhmakwas. La primera víctima era un guardabosques, de 38 años, que murió en un hospital de Rosita, luego de ser víctima de un ataque armado el pasado domingo.
Serrato Judith, de 23 años, también era guardabosques. Fue asesinado en la zona cercana a la comunidad de Wilu, la aldea que fue quemada por colonos hace meses. El fallecido realizaba, junto a otros indígenas, actividades de cacería, cuando fue secuestrado y luego asesinado. Así lo detalla un comunicado de la Fundación Prilaka.
La Fundación del Río también hizo eco de estas denuncias. El presidente de esta organización ambientalista, Amaru Ruíz, hace un llamado para la protección de los comunitarios.