Era domingo, ocho de julio, una fecha como hoy, pero de 2018, cuando a eso de las cinco de la mañana, se escucharon los primeros disparos de armas de fuego de alto calibre. Hubo cruce de información hasta que se confirmó: cuatro caravanas de camionetas Hilux repletas de paramilitares orteguistas habían entrado por cuatro puntos de acceso a Jinotepe.
Así comenzó una de las masacres más sanguinarias cometidas en Nicaragua contra la población civil, ordenada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se saldó con al menos 35 asesinatos en un solo día.
Fue el inicio de la llamada «Operación Limpieza» contra Carazo, que ejecutó la «caravana de la muerte», tal como bautizó la población a las columnas de camionetas Hilux. El dirigente opositor y exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro recuerda, a través de una publicación en su cuenta de Twitter que, aquel domingo fue «el día más sangriento de las protestas».
«Al menos 35 asesinados por la dictadura ese trágico domingo, especialmente en Diriamba y Jinotepe. Se fue la dictadura con todo el plomo y las armas, ordenando a sus fanáticos disparar a matar». «¡Habrá justicia!», sentencia Chamorro.
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El también exprecandidato presidencial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rememora que la masacre perpetrada durante la llamada Operación Limpieza, particularmente el día 8 de julio en Diriamba y Jinotepe, estuvo acompañada por otras acciones en otros tranques también en Chinandega, Masaya, Catarina donde hubo asesinados.
Para el dirigente opositor «la operación limpieza fue una nueva etapa de represión al máximo nivel, en el cual Daniel Ortega ordenó el asesinato de personas. Fue una acción criminal deliberada de la dictadura de Ortega-Murillo».
Una masacre paramilitar, militar y policial
El mayor del Ejército en retiro, Roberto Samcam, quien conoció de cerca la resistencia del pueblo caraceño y los pormenores de la masacre del 8 de julio del 2018 en ese departamento, valora que ese día los dictadores Ortega y Murillo ordenaron «un ataque miserable, desproporcionado y criminal».
El oficial retirado, ahora analista en temas militares y opositor en el exilio, sostiene que, en la ofensiva armada, ordenada por los dictadores contra Carazo, desplegaron una fuerza «que fue preparada, entrenada, avituallada, armada por el Ejército de Nicaragua, con toda la información de inteligencia militar».
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Además, recuerda que, en el ataque criminal del régimen contra los tranques de Carazo, utilizaron drones. «Una fuerza paramilitar no va a estar utilizando drones. Ahí había un acompañamiento estratégico por parte del Ejército y la Policía. Hay una desproporción. Por eso, esa operación limpieza, junto con la ordenada por Anastasio Somoza en septiembre de 1978, se consideran crímenes de lesa humanidad», sentenció el militar retirado.
Seguir denunciando crímenes de lesa humanidad
Por su parte, el también exreo político y desterrado Félix Maradiaga, directivo de la Fundación Libertad, recordó la masacre de Carazo en su quinto aniversario y calificó ese día como «oscuro», en el que fuerzas policiales, paramilitares y del Ejército, al servicio de los dictadores Daniel Ortega, llevaron a cabo un «ataque brutal» contra la ciudadanía caraceña.
«Esta agresión militar, policial y paramilitar, conocida como ‘Operación Limpieza’, dejó un importante saldo de jóvenes asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a oponerse a un régimen que ya venía asesinando a sangre fría, secuestrando manifestantes, violando los principios democráticos y saqueando nuestros recursos naturales», denuncia Maradiaga.
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El opositor y exprecandidato presidencial insistió que, desde distintos países del mundo y rincones de Nicaragua, siguen demandando que «los responsables de crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia para que paguen por esos crímenes».
«No podemos permitir que la impunidad prevalezca. Los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos que han sido encarcelados y expulsados del país por ayudar a los más necesitados, los opositores convertidos en apátridas y las organizaciones de la sociedad civil y universidades desaparecidas, también merecen justicia. Nicaragua es hoy una inmensa cárcel por culpa de la política de terrorismo de Estado implementada por la dictadura de Ortega, con la complicidad activa del Ejército y la Policía», denuncia Maradiaga y la fundación Libertad.
