Represión a la Iglesia es «terrorismo de Estado», la comunidad internacional debe intervenir, dicen analistas

Como un acto extremo de persecución religiosa, terrorismo de Estado, robo y guerra abierta fue catalogada por analistas consultados por Artículo 66 la embestida desatada esta semana por la dictadura de Nicaragua contra la Iglesia católica, a la que le congeló cuentas bancarias de varias diócesis, tras apresar y someter a investigación a tres sacerdotes, que pastorean la zona de Estelí y Matagalpa.

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina señaló que la dictadura ejecutó una acción «que denota una guerra abierta en contra de la Iglesia católica».

Refirió que el congelamiento de las cuentas bancarias de la institución religiosa podría traer «consecuencias catastróficas”. “La están asfixiando económicamente”, advirtió.

Molina lamentó que la dictadura esté ocasionando perjuicios también a familias trabajadoras del país, pues tiene conocimiento que este fin de semana, los colegios parroquiales, a los que también les bloquearon sus movimientos bancarios, tenían que hacer pagos de plantillas y no podrán hacerlo. «Esta arbitrariedad también afectará a esas familias nicaragüenses. Espero que el régimen Ortega-Murillo revierta esta actitud ilegal y temeraria», señaló Molina.

Un sacerdote en el exilio, que habló con Artículo 66 en condición de anonimato, calificó de robo el bloque de las cuentas bancarias y sostuvo que esa acción represiva va a continuar con la confiscación de más bienes a la institución religiosa, porque, según dijo, la intención de los dictadores Ortega y Murillo es asfixiar a la Iglesia.

Noticia relacionada: «Grave preocupación» por la intención de Ortega de no reconocer a la Iglesia católica

Por su parte, el dirigente opositor desterrado por la dictadura Félix Maradiaga valoró que el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica «es un acto extremo de agresión y de persecución».

Agregó que la acción del régimen representa “una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica”.

«Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen», exhortó el político opositor.

En tanto, el Danny Ariel Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos (Calidh), calificó de “terrorismo de Estado” el reciente ataque de la dictadura contra la Iglesia.

Noticia relacionada: Los nuevos desafíos pastorales para la Iglesia católica de Nicaragua

«No tiene vuelta atrás: el congelamiento de las cuentas de la Iglesia evidencia claramente el terrorismo de Estado que vive Nicaragua», dijo el abogado través de su cuenta personal de Twitter.

Agregó que desde Calidh ya habían advertido que «en los regímenes totalitarios», como el que ha impuesto Ortega y Murillo en Nicaragua «el único espacio social permitido es el partidario».