Organizaciones opositoras, que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), se pronunciaron por las recientes situaciones alrededor de monseñor Rolando Álvarez, quien continúa siendo preso político del régimen de Nicaragua.
Condenaron, a la vez, «la libertad condicionada» que la dictadura de Daniel Ortega le habría ofrecido al obispo de la Diócesis de Matagalpa, que consistía en aceptar el destierro; «sin embargo, monseñor Álvarez la habría rechazado, por segunda ocasión (…) optando por seguir recluido en las mazmorras del régimen, en acompañamiento del sufrido pueblo nicaragüense, hasta lograr su libertad incondicional y las libertades públicas para el pueblo», señalaron.
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«El pueblo Católico nicaragüense está al lado de sus pastores, del Obispo Álvarez y de los cinco sacerdotes que continúan privados de su libertad; también estamos al lado de las docenas de sacerdotes, religiosas y laicos que han sido expulsados del país», subrayaron las organizaciones firmantes de un pronunciamiento con fecha del seis de julio.
Persecución a la Iglesia es «crimen de lesa humanidad»
PUDE señaló que el régimen Ortega-Murillo está en «una clara y franca» persecución en contra de la Iglesia Católica nicaragüense, constituyendo un «crimen de lesa humanidad».
Añaden que la saña en contra de la Iglesia católica de Nicaragua se ha manifestado «no solo en el encarcelamiento de religiosos, sino que también con el cierre de emisoras católicas, la clausura de Cáritas, la anulación de cuentas bancarias de miembros y organizaciones del clero católico y la expulsión del Nuncio Apostólico —Waldemar Stanislaw Sommertag—».
Asimismo aducen que es una acción arbitraria la ruptura de relaciones con el Vaticano y el ataque sistemático al funcionamiento libre de los colegios parroquiales a través de la vigilancia del Ministerio de Educación y del congelamiento de sus cuentas bancarias, considerando así «una guerra declarada de la dictadura en contra del catolicismo que ha optado por permanecer al lado de la población nicaragüense».
Demandan cese de la represión
Ante la situación que vive la Iglesia católica, los grupos opositores, demandaron la liberación inmediata «y sin condiciones» del obispo Álvarez, así como la de todos los religiosos detenidos.
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Además exigen el cese de cualquier forma de represión en contra de actividades religiosas, la devolución de medios de comunicación que han sido confiscado; el cese al hostigamiento financiero a través de cierre de cuentas bancarias y el retorno seguro de los religiosos que han sido expulsados y desterrados de Nicaragua.
Finalmente hicieron un llamado a la comunidad internacional a «proteger y evitar más crímenes de lesa humanidad contra la población indefensa y secuestrada, e iniciar los procesos de justicia universal» en contra del régimen orteguista.