Este lunes, tres de julio, las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo arribaron a El Salvador luego de ser forzadas a abandonar Nicaragua por orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las religiosas radicaban en León y su misión era brindar alimento, ropa y oraciones a las personas que viven en las calles de este departamento.
La Congregación Fraternidade O Caminho informó a través de una publicación en Facebook que las monjas ya se encontraban en territorio salvadoreño.
«Queremos expresar nuestro agradecimiento por los siete años de misión en tierras de Nicaragua, agradecemos la acogida de la Iglesia y del pueblo durante este tiempo que nuestro carisma permaneció en el país al servicio de los pobres en sus múltiples rostros», se lee en la publicación.
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Asimismo, la orden religiosa señaló «antes de ofrecer cualquier otra cosa, primero nos ofrecemos a nosotros mismos: te ofrecemos a Cristo en nosotros». Igualmente expresaron su gratitud a «todas las consagradas, laicas, jóvenes, benefactoras y amigas que con nosotras construyeron la misión e hicieron posible llevar a Cristo a los pobres».
«Con estos sentimientos os informamos que nuestras hermanas fueron enviadas a la Misión de El Salvador. ¡Dios los bendiga a todos!», agregó.
El domingo dos de julio, la Policía Nacional asaltó la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, en León, así lo denunció la investigadora Martha Patricia Molina.
De acuerdo con Molina, los agentes policiales «entraron como delincuentes» a la propiedad, ya que el «operativo» lo realizaron durante la medianoche del domingo, un patrón del régimen utilizado para tomarse inmuebles o sacar a la fuerza a opositores o religiosos.
Las monjas tenían planificado salir del país la próxima semana debido a que el Ministerio de Gobernación (Migob) no renovó el permiso de estadía de las religiosas.
Las devotas, de nacionalidad brasileña, este 2023 cumplieron siete años de estar brindando ayuda en Nicaragua, especialmente en el departamento de León, donde radicaban. Forman parte de la Fraternidad Franciscana, fundada en Brasil por el sacerdote Gilson Sobreiro.
En julio de 2022, hace un año, el gobierno dictatorial de Daniel Ortega ordenó la salida de 18 monjas Misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta. Las religiosas administraban el Hogar Inmaculado Corazón de María.
Las expulsiones continuaron. Hasta la fecha se contabilizan más de 80 religiosos, entre monjas y sacerdotes, expulsados por el gobierno, que además mantiene en prisión a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa. De acuerdo con una investigación realizada por el medio Providence, a finales de 2022 se reportaron 400 actos violentos contra la Iglesia.