La Policía Nacional, subordinada al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocupó las instalaciones de la extinta Fundación Luisa Mercado, ubicada en el municipio de Masatepe, en Masaya. El organismo era presidido por el reconocido escritor y novelista nicaragüense, Sergio Ramírez Mercado, quien es perseguido por la dictadura.
Fuentes de la localidad informaron a Confidencial que la policía sandinista hizo un despliegue de agentes para apropiarse del bien inmueble. La toma de la propiedad ocurrió la tarde de este viernes, 30 de junio.
«Fueron vistos en el sitio una patrulla asignada a la ciudad y tres camionetas con antimotines provenientes de Managua que garantizaron el decomiso de la casa», detalló el medio digital.
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Por su parte, el cronista deportivo Miguel Mendoza compartió en las redes sociales las primeras imágenes de una de las puertas rota de la casa donde funcionaba la Fundación Luisa Mercado. Estos daños son el resultado de la brutalidad perpetrada por los oficiales que se apoderaron de las instalaciones.
El pasado 19 de abril de 2022, la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, resolvió cancelar la personalidad jurídica de la Fundación Luisa Mercado y de otras 24 organizaciones no gubernamentales. Esta medida forma parte de la continua persecución del régimen de Ortega hacia la sociedad civil, que ha resultado en el cierre de más de 3500 organizaciones, desde 2018.
La entidad se dedicaba a impartir educación musical para niños y jóvenes de Masatepe y municipios aledaños, además contaba con una biblioteca de unos 6 mil títulos.
Hasta el momento, el escritor Sergio Ramírez no ha dado ninguna declaración sobre lo sucedido.
El novelista actualmente vive en el exilio a causa de la persecución del régimen de Ortega Murillo. La dictadura, en 2021, emitió una orden de captura en contra del ganador del Premio Cervantes por supuestamente «incitar al odio y la violencia».
Además, el régimen declaró «traidores a la patria» a 94 opositores exiliados, entre ellos a Ramírez y también a la escritora Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.
Esa medida se produjo luego de que 222 presos políticos fueran liberados en Nicaragua y expulsados a Estados Unidos además de despojárseles la nacionalidad.