La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo reclamó a Estados Unidos el pago de una antigua indemnización de 12 mil millones de dólares a Nicaragua. Dicha deuda fue establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 27 de junio de 1986, como resultado del apoyo financiero brindado a la Contra por el gobierno norteamericano durante el conflicto armado que tuvo lugar en Nicaragua en la década de los 80.
El reclamo por incumplimiento fue presentado el martes, 27 de junio, por el canciller Denis Moncada, quien entregó una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, exponiendo la postura de Nicaragua y solicitando que la protesta por el pago de la indemnización de Estados Unidos fuera transmitida a todos los Estados miembros de la organización.
«Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser agredida) a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte. En vez de recibir la compensación tal como corresponde moral y legalmente, Nicaragua continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones», se quejó el régimen orteguista.
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Sin embargo, Nicaragua renunció oficialmente al reclamo de la indemnización en 1991. La expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro tomó la decisión de retirar todos los reclamos ante la Corte y perdonar la deuda por daños y perjuicios a los Estados Unidos, tras negociar un acuerdo; a pesar de ello, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha retomado la insistencia de cobrar la millonaria suma.
En la misiva, la dictadura Ortega Murillo señaló que la deuda «no es una obligación pendiente de establecerse o sujeta a una opinión consultiva de un órgano judicial. Es una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional, la Corte Internacional de Justicia».
Destacó que hace 37 años la CIJ emitió una sentencia condenando a al gobierno norteamericano a indemnizar a Nicaragua «por todos los daños ocasionados como consecuencia de las actividades militares y paramilitares» en el país centroamericano.
La administración sandinista también detalló que «el valor estimado de los daños en marzo de 1988, fecha en que fue presentada la Memoria junto con toda la documentación comprobatoria de los mismos, se estimaba en 12 mil millones de dólares. Este monto no refleja los daños posteriores a dicha fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente»
«Por ejemplo, hasta el día de hoy el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y familiares de los mismos, inclusive a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por los Estados Unidos, el cual nunca asumió el costo social de dichas ilegalidades», sostuvo.
«Además, los daños sobre los cuales Nicaragua pidió compensación no reflejaban la totalidad de daños reales, sino que estaban limitados a los actos sobre los cuales la Corte tenía jurisdicción para conocer de los mismos», indicó Ortega, en referencia a que la indemnización debería ser mayor a la establecida hace 37 años.
«La compensación debida a Nicaragua continúa sin ser saldada», agregó el dictador, que sostiene que en vez de recibir la compensación «tal como corresponde moral y legalmente, el país continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones» por parte de Estados Unidos, en alusión a las sanciones individuales a funcionarios del régimen señalados de violaciones de derechos humanos.
Desde 1991 Estados Unidos ha dado por cerrado el caso de la indemnización, que en 37 años únicamente ha sido reclamada por Ortega, quien asegura que el gobierno norteamericano «tiene la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandadas por la sentencia del 27 de junio de 1986».