La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió medidas cautelares a favor de monseñor Rolando Álvarez Lagos y ordena al Estado de Nicaragua liberarlo inmediatamente. La solicitud de la ampliación la hizo, el 23 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Subraya que la adopción de dichas medidas es porque el obispo de la Diócesis de Matagalpa «se encuentra en una situación de gravedad de que se consuman daños irreparables a su vida, salud e integridad personal».
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Indica que con la detención del prelado, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está «configurando» una serie de factores de riesgo que ponen en peligro la vida, salud e integridad del religioso.
La notificación de las medidas provisionales, según indica la Corte IDH, fue enviada este miércoles, 28 de junio, al Estado de Nicaragua. Además sostiene que «esta situación es agravada debido a que —Álvarez— habría sido condenado a la pérdida de derechos ciudadanos de carácter perpetuo y a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, lo que lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad».
Por otra parte, la Corte IDH ordenó al régimen de Nicaragua que «mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata de monseñor Álvarez Lagos, proceda a garantizar un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuados»
Asimismo le exige a las autoridades judiciales facilitar el contacto con la familia del religioso y sus abogados. Advierte, también, que esta orden no podrá ser utilizada para retrasar la liberación del beneficiario.
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El Tribunal otorgó un plazo hasta el 7 de julio de 2023 para que el Estado de Nicaragua le informe sobre la situación de monseñor Álvarez, «a la luz de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión».
Monseñor Álvarez cumplió, el 25 de junio, tres meses de la última visita que le realizó su familia en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa, donde está recluido desde el nueve de febrero, luego que se negara ser desterrado junto a 222 exreos políticos.
La justicia de Ortega condenó al también administrador apostólico de la Diócesis de Estelí a 26 años de prisión, más la pérdida de su nacionalidad, por supuesta conspiración contra la patria. Lo mantiene privado de su libertad desde el cuatro de agosto del 2022.
