Tras la «resolución judicial» espuria que emitió el pasado 9 de junio la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), al mando del magistrado servil de Daniel Ortega, Octavio Rothschuh, ordenando la confiscación de todos los bienes de los 222 exreos políticos desterrados a EE.UU., un grupo de esos patriotas emitió un comunicado denunciando el hecho que catalogan como «linchamiento judicial a opositores».
El pronunciamiento que suscriben 84 de los 222 excarcelados y desterrados políticos, denuncia que la resolución emitida por la Sala Penal 1 del TAM, confirma lo que se ha denunciado siempre: que el Poder Judicial de Nicaragua es un instrumento de represión al servicio de la dictadura Ortega-Murillo.
Recuerdan que los 222 reos políticos fueron juzgados en «violación de las garantías del debido proceso, con acusaciones de hechos falsos; con pruebas fabricadas por la Policía y el Ministerio Público en audiencias rápidas y secretas, sin acceso a sus abogados y con ocultamiento de las causas a las defensas», e insisten que «las resoluciones de culpabilidad fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos».
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Los jueces orteguistas que conocieron las causas contra todos los reos de conciencia violaron el principio universal de «in dubio pro reo», por el que una norma posterior solo puede aplicase cuando beneficia al reo. «Tanto los supuestos delitos, como las penas a las que aún se sigue condenando mediante resoluciones en juicios legalmente fenecidos y mantenidos ilegalmente abiertos, no existían en la legislación nicaragüense al momento de la sentencia firme», destacan los 222 patriotas desterrados.
Aun con todo ese cúmulo de ilegalidades, denuncian los opositores despatriados, la resolución del 9 de junio, emitida meses después de la sentencia definitiva, vuelve a penalizar a los 222 con la «inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica», lo que violenta otro «principio universal y fundamental del derecho» que promulga que las penas no trascienden la persona del condenado, sin embargo, la dictadura arrebató el patrimonio de familias enteras.
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«La ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos, apropiándose del producto de los mismos, y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción», señalan los confiscados.
Finalmente hacen un llamado al pueblo de Nicaragua a «no desfallecer, preservando la fe en el cambio, porque tantas injusticias no tienen posibilidad de sostenerse en el tiempo».
