La presa política Olesia Muñoz cumple este lunes, 12 de junio, 67 días de estar cautivada en las cárceles de tortura del régimen de Daniel Ortega. Desde su detención, su familia desconoce su paradero y en qué condiciones se encuentra.
La opositora Ana Margarita Vijil, quien pasó más de 18 meses encarcelada por órdenes del gobierno sandinista, denunció que las autoridades no han brindado mayor información a la familia de Muñoz y tampoco han permitido que la visiten.
Olesia Muñoz fue capturada el seis de abril pasado en su vivienda en Masaya por un contingente de unos 15 efectivos policiales. Desde ese día, sus familiares reviven el calvario que habían vivido desde el 2018, cuando permaneció presa cerca de un año en las celdas de «El Chipote» y del sistema penitenciario La Esperanza, tras ser condenada por presuntos actos «terroristas» que no le probaron. La presa política se había manifestado, como miles de nicaragüenses, contra la dictadura en las protestas sociales del 2018.
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Los parientes de Muñoz denuncian que la ciudadana ya no participaba en política desde hace mucho tiempo y desconocen el motivo de la detención. Había sido liberada bajo ley de amnistía, normativa que fue rechazada por Olesia por considerar que se trataba de una medida de «impunidad» de parte del régimen de Ortega.
Desde su excarcelación, la opositora se integró al servicio en la parroquia Santa Ana, de su pueblo natal, Niquinohomo, donde en los primeros meses a raíz de su liberación fue asediada, pero nunca aceptó exiliarse.
Muñoz, supuestamente, está recluida en las celdas preventivas de la estación policial del Distrito III de la capital. Hasta el momento, se desconocen los delitos que se le imputan a la presa política, no obstante, la justicia de Nicaragua la podría acusar por «traición a la patria», el cliché usado para criminalizar a opositores.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, el régimen de Ortega y Murillo mantiene a 46 nicaragüenses encarcelados por razones políticas. Los opositores son objeto de torturas, aislamiento y malos tratos en las cárceles del país.