La persecución de Ortega contra la Iglesia ha forzado a 39 religiosos a exiliarse

La persecución religiosa que mantiene la dictadura orteguista contra la Iglesia católica desde 2018 ha sido más «letal» que la embestida que Daniel Ortega ordenó durante su primer mandato contra las y los religiosos del país.

Entre el año 2018 y 2023, al menos 39 religiosos se han visto forzados a huir de Nicaragua y exiliarse, a causa del hostigamiento y las amenazas que ejerce el gobierno de Ortega Murillo contra ellos, reveló la investigadora Martha Patricia Molina.

La abogada penalista también contabilizó que preliminarmente la administración sandinista ha expulsado a 32 monjas del país en ese mismo periodo.

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Martha Patricia Molina, en su cuenta de Twitter, citó una publicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que data de 1986 y señala que «en estos últimos siete años (desde 1979 a 1986), la Iglesia se ha visto privada de dos religiosas y 16 sacerdotes que han sido expulsados del país por el gobierno sandinista».

Con ese dato histórico, Molina hace referencia que desde el primer gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega la Iglesia católica de Nicaragua se ha visto perseguida.

Además, refleja que la embestida contra los líderes de la Iglesia en comparación con el primer mandato de Ortega y el actual, es aún mayor en la actualidad.

Persecución a la Iglesia católica

Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció que tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y otras tres fueron impedidas de salir de su convento.

El organismo también señaló que entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la Iglesia fueron arrestados y detenidos. Tres de ellos están bajo arresto domiciliario y uno está en la cárcel.

Agregó que «al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia han tenido sus cuentas bancarias congeladas por presunto lavado de dinero. El Gobierno ha acusado a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya lo que denomina «terrorismo» y la desestabilización del país».

La Iglesia católica de Nicaragua ha sido objeto de un constante asedio y persecución por parte de la administración Ortega Murillo, quien mantiene encarcelados al menos a cuatro sacerdotes, entre los que está monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.

Además, la justicia nicaragüense le imputó el delito de lavado de dinero a varias diócesis de la Iglesia católica, al tiempo que oficializó el congelamiento de las cuentas bancarias de la institución religiosa, acción que es señalada por críticos y defensores de derechos humanos como una acción arbitraria y represiva.