El más reciente reporte del Monitoreo Azul y Blanco, que comprende entre el primero al 31 de mayo, contabiliza 158 incidentes violatorios de derechos humanos en 13 departamentos y dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua.
Referente al registro de casos, el Monitoreo explicó que el número 158 hace referencia o la cifra de incidentes registrados, los que pueden presentar características de diversos tipos de violaciones de derechos humanos.
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Entre las agresiones a los nicaragüenses, señalan: Procesos de judicialización con medida alterna (81), detenciones arbitrarias (63), hostigamientos (29), amenazas (16), agresiones (2), allanamientos (6), suspensión de títulos profesionales (27) represión migratoria (10).
También, y sin dar mayores de detalles, indican «una muerte en circunstancias no esclarecidas», luego de reportar la detención de la que fue objeto víctima un ciudadano.
Las ciudades donde más se registraron violaciones a los derechos humanos fueron Chinandega con 22, entre las que están detenciones (5), allanamientos (1), judicialización (15), agresiones (1).
Le sigue Jinotega con con 19 las que se dividen en ocho detenciones, un allanamiento, nueve judicializaciones y un hostigamiento. En la lista está León con 12 acciones represivas, dividas en cuatro detenciones, dos judicializaciones, tres amenazas y tres hostigamientos.
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Otras de los departamentos donde se reportan detenciones, judicialización, hostigamiento, amenazas y allanamientos fueron en Rivas (5), Managua (33), Masaya (12), Granada (15), Chontales (17), Estelí (15), Madriz (9), Nueva Segovia (4), RACCS (15), RACCN (4), Boaco (3), nacional (47).
Referente a los procesos de judicialización con medidas alternas, el reporte recopiló 81 en las 13 ciudades y las dos regiones autónomas. Los afectados fueron 53 hombres y 28 mujeres.
Además señalan que cuatro sacerdotes fueron detenidos durante el mes de mayo, de los cuales uno fue liberado, mientras que los otros permanecen detenidos en las diferentes cárceles del país
A 27 abogados se les suspendió sus títulos
Otra de las situaciones que evidenció el Monitoreo Azul y Blanco fue la eliminación de sus títulos a 27 abogados, entre los que están exreos políticos que fueron desterrados de Nicaragua y otros a los que se les despojó de su nacionalidad.
«27 personas fueron afectadas por la suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de abogado y notario público, mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia. 21 son hombres y 6 mujeres», señala el documento.

Referente a la represión migratoria, el equipo investigativo cuenta 10 incidentes, donde a las personas se les aplicó alguna medida migratoria que infringe el derecho de libre circulación o ingreso al país.
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Por otra parte, el Monitoreo refirió que «las incidencias con presuntos motivaciones políticas registradas, continúan en verificación, así como el origen de su procedencia. Debido a la falta de información y al clima de represión, los cifras expuestas pueden variar».
Durante el mes de mayo, el régimen de Ortega incrementó su represión contra todos los opositores, especialmente contra líderes religiosos. A todos los acusa de supuesta traición a la patria o por ciberdelitos, imputaciones que se han hecho común desde el 2018, obligando a algunos opositores, que fueron dejados en libertad, a abandonar el país.